Las acciones del presidente ignoran ostensiblemente los derechos individuales, dice
Una juez federal declara inconstitucional el programa de "escuchas" impuesto por Bush
Interpone el Departamento de Justicia estadunidense una apelación a la sentencia
Detroit, 17 de agosto. Una juez federal con sede aquí declaró "ilegal e inconstitucional" el programa de espionaje telefónico e intervención de correos electrónicos que estableció el presidente George W. Bush a finales de 2001 -aplicado para escuchar sin orden del Poder Judicial las conversaciones de cientos de miles de personas consideradas sospechosas de colaborar con extranjeros en actividades vinculadas al terrorismo- y ordenó su inmediata cancelación.
"Nunca fue la intención de los artífices (de la Constitución) otorgar al presidente ese control ilimitado, particularmente cuando sus acciones ignoran ostensiblemente los parámetros enumerados en la Declaración de Derechos Individuales", manifestó la juez de Distrito, Anna Diggs Taylor, en un fallo escrito en 44 páginas donde señaló que Bush se excedió en el ejercicio de sus poderes y violó las garantías constitucionales de libre expresión y privacidad.
La juez respondió a una demanda presentada contra la Agencia Nacional de Seguridad por la Unión de Libertades Civiles Estadunidenses (ACLU, por sus siglas en inglés), a solicitud de periodistas, abogados y académicos, entre otros, con el argumento de que no podían desarrollar plenamente su trabajo, por miedo a que sus comunicaciones fueran monitoreadas.
Por violar las obligaciones legales con sus clientes, la ACLU prepara también una demanda contra las compañías telefónicas que participaron en la ejecución del programa. Al menos 17 empresas han sido acusadas ante tribunales federales por particulares, por la misma causa.
En un comunicado, la Casa Blanca expresó su inconformidad con la sentencia de la juez y señaló que el "programa de escuchas" es uno de los "instrumentos más vitales y eficaces" en la llamada "guerra contra el terrorismo".
Tras conocer la decisión judicial, el Departamento de Justicia interpuso una apelación, por lo que la sentencia estará suspendida hasta que se realice una audiencia prevista para el 7 de septiembre.
Diggs Taylor es la primera funcionaria del Poder Judicial que señala la inconstitucionalidad del programa de espionaje, desde que la prensa estadunidense reveló su existencia en diciembre pasado.
La juez rechazó asimismo el argumento que utilizó la Casa Blanca para tratar de protegerse de la demanda judicial de la ACLU, en el sentido de que la apertura de un juicio le llevaría a revelar información que debe mantener bajo secreto, en nombre de la seguridad nacional.