Usted está aquí: martes 8 de agosto de 2006 Opinión Rupturas e instituciones

Marco Rascón

Rupturas e instituciones

Memoria y visión de futuro son dos elementos ausentes y carentes en la clase política mexicana, pero esenciales en el momento actual. Los últimos 40 años de la vida política han sido de rupturas y momentos críticos; sin embargo, paradójicamente, han hecho evolucionar el sistema político mexicano y la economía, sobrepasando la capacidad de evolución de las instituciones.

En todos los casos lo "institucional" ha jugado el papel conservador en defensa de la "razón de Estado" y de la legalidad; ha sido un elemento no sólo de carácter jurídico, sino ideológico, pues en general los defensores de los establecido, parapetados en el púlpito de lo "legal", han sido los ejecutores de acciones ilegales y fraudulentas. La repetición desde el poder de este esquema en nombre de las instituciones se ha convertido en cultura del estancamiento. La falta de voluntad de reforma y mucha denuncia hacen de la coyuntura un pantano, un naufragio de acciones sin sentido.

Si las pasadas campañas electorales estuvieron marcadas por la lucha maniquea de miedos contra miedos, el escenario poselectoral configura la peor crisis: quedarse a esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con los ánimos exacerbados por problemas viales y desaprovechar el punto de inflexión en la sucesión del poder para abrir un proceso de reforma dinámico.

La propuesta de "gobierno de coalición" de Felipe Calderón únicamente ofrece puestos en el gabinete, mientras el lopezobradorismo -¡es sorprendente!- no sólo desgasta su fuerza en su propio campo y castiga a sus simpatizantes, sino que muestra falta de capacidad para plantear objetivos políticos, programáticos y estratégicos que vayan más allá de la resolución del TEPJF.

En las rupturas de los últimos 40 años las formas de lucha, los objetivos y programas han sido importantes, así como las definiciones con respecto a la legalidad y el papel jugado por los gobiernos y el Estado frente a la violencia institucional.

En 1968, un pliego petitorio de seis puntos fue rechazado por el gobierno en defensa de la "razón de Estado", que optó por aniquilar el movimiento mediante el uso del Ejército Mexicano y sucesivos actos represivos e ilegales como fueron la violación de la autonomía universitaria y la matanza del 2 de octubre.

Esa ruptura generó diversas respuestas estudiantiles a la represión, como la creación de organizaciones armadas, una vez fortalecida la conciencia de que existían las condiciones prerrevolucionarias, tras lo cual el régimen apretó mediante la guerra sucia, aplicando más ilegalidad a la represión ilegal. Las razones esgrimidas para el surgimiento de las guerrillas fueron que el Estado no respetaba el estado de derecho.

En los años setentas la insurgencia sindical democrática contra el charrismo, las luchas agrarias por la tierra y los movimientos urbanos en las grandes ciudades generaron también acciones ilegales desde las instituciones: rompimiento de huelgas, requisas contra los trabajadores, desalojos violentos y encarcelamientos. Muchos luchadores sociales fueron asesinados, desaparecidos y encarcelados bajo la acusación falsa de que eran guerrilleros.

Los movimientos de los electricistas, maestros, mineros, metalúrgicos, automotrices y universitarios recibieron un trato "institucional", esto es, de bandidos ante su demanda de democracia y respeto a la legalidad constitucional. Entre guerrillas, luchas obreras, campesinas, populares y la candidatura sin registro de Valentín Campa se arribó a la reforma política de 1977-78.

El terremoto de 1985 fue otro momento de ruptura que buscó hacer presión contra las políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional, al mismo tiempo que fue germinando la conciencia de una "sociedad civil" que exigía respeto a los derechos sociales y políticos.

En 1988 sobrevino una nueva ruptura que generó un caudal de reformas y aceleró los cambios, gracias a la visión programática que forzó y venció las resistencias priístas y el gradualismo que predominaba en un segmento de la izquierda con personalidad de tortuga.

Sin duda, el de 1988 ha sido el movimiento más eficiente que ha habido contra la estructura corporativa del PRI, y sus avances no sólo se inscriben en el ámbito electoral, sino en la implantación de una fuerza política nacional para enfrentar al régimen en su propio terreno: el electoral.

La ciudad de México es obra de miles de procesos; 1997 no puede explicarse sin 1988. De la misma manera, el Instituto Federal Electoral es producto, no de los sectores conservadores del país, sino de los progresistas.

Entre el 2 de julio y el día de hoy ha habido condiciones extraordinariamente favorables no sólo para que se dé un acuerdo oscuro, sino para definir el México de los próximos 50 años. Felipe Calderón no es un peligro en sí; lo peligroso es que no exista una izquierda fuerte que lo detenga y eso es precisamente lo que se dirime a estas horas desde una visión estrecha con una táctica absurda, ocurrente y liquidadora.

El deslinde de todo propósito programático en este momento, radicalismo ineficiente, muestras de aislamiento y debilidad anudan la soga para liquidar los propósitos y hacer de la plaza no un campo de pensamiento, posibilidades y de reforma, sino un patíbulo de la esperanza.

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