La mayoría, de PAN y PRD por presunto uso de fondos sociales en favor de candidatos

Al menos 8 denuncias por delitos electorales en Chiapas, 13 días antes de los comicios

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 7 de agosto. Cuando faltan menos de dos semanas para la elección del próximo gobernador de Chiapas, las coaliciones y partidos participantes en la contienda han interpuesto al menos ocho denuncias contra distintos actores políticos, por presuntos desvíos de recursos públicos en favor de los candidatos. Entre los demandados penalmente se encuentra el gobierno del estado y funcionarios federales que operan en la entidad.

El PAN ha presentado tres demandas ante la fiscalía electoral. Una, en la que argumenta que se ha utilizado parcialmente el programa de viviendas populares del Instituto de la Vivienda (IVI) en favor de la Alianza por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), cuyo candidato es Juan Sabines Guerrero.

La segunda fue interpuesta contra la presidenta municipal interina de Tuxtla Gutiérrez, Rosario Pariente Garavito, también por apoyar con recursos públicos a Sabines Guerrero, y la tercera contra el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, por canalizar políticamente los recursos federales en favor del candidato de la Alianza por el Bien de Todos.

Por su parte, el PRD ha interpuesto tres demandas; una en la Procuraduría General de la República (PGR) contra la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Mirna Camacho, por destinar presuntamente recursos públicos, infraestructura y apoyo directo al candidato del PAN, Francisco Rojas.

Y dos más en la fiscalía y Contraloría electoral, respectivamente, contra el abanderado de la alianza PRI-PVEM, José Antonio Aguilar Bodegas, por sobrepasar los topes de campaña y recibir recursos "de procedencia ilícita".

A su vez, el PRI demandó ante la PGR al gobernador Pablo Salazar por presunto desvío de recursos públicos federales y estatales en favor de Sabines Guerrero, e interpuso una querella más en la Contraloría electoral, también contra el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, por sobrepasar los gastos de campaña.

Hasta ahora, ninguna de las instancias ante las que se han interpuesto las demandas ha emitido su dictamen en torno a las averiguaciones que ha abierto; sin embargo, se encuentran abiertas auditorias administrativas de los recursos que utilizan los tres candidatos, y otras más contra el gobernador Pablo Salazar y los distintos involucrados en las querellas.

Incluso, el gobierno federal determinó auditar los recursos destinados a la construcción de viviendas para los damnificados del huracán Stan en Chiapas, los cuales presuntamente se estarían capitalizando políticamente en favor de Juan Sabines.