Recomendación ciudadana
El informe que el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) presentó el pasado martes (La Jornada, 2 de agosto, pág. 25), no únicamente constituye un recuento minucioso y sistemático de las principales violaciones a los derechos humanos que han tenido que sufrir los mineros el anterior semestre -lo que de por sí ya es importante, sobre todo en estos días, en los que se reclama la rendición de cuentas y se lucha por una democracia para todos-, sino a mi parecer una auténtica recomendación ciudadana, cuyas exigencias finales deben ser -por su objetividad, claridad y contundencia-, apoyadas por el movimiento civil y social.
En efecto, sobre la base no únicamente del marco jurídico nacional, sino también de los instrumentos y mecanismos internacionales aprobados por México -lo que con congruencia corresponde a una demanda reiterada de las organizaciones civiles de derechos humanos a los organismos públicos en la materia-, el informe, significativamente llamado "de coyuntura", analiza con detalle cuatro casos paradigmáticos (la siniestralidad en la minería, el desconocimiento a Napoleón Gómez Urrutia, los hechos de violencia contra los trabajadores de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, y la eliminación del contrato colectivo de trabajo en la mina La Caridad, en Nacozari, Sonora).
Con toda lógica concluye que los trabajadores mineros no sólo han sido víctimas de las violaciones a sus derechos fundamentales a la legalidad, seguridad jurídica y respeto a la vida e integridad física -como fehacientemente comprobó en el caso de la mina Pasta de Conchos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su recomendación 26/2006-, sino también de la violación a sus derechos humanos laborales a la contratación colectiva, a la libertad sindical y a la huelga, e inclusive han tenido que padecer el evidente conflicto de intereses del secretario del Trabajo y Previsión Social, y finalmente su deshonestidad y deslealtad para con ellos.
Con fundamento puntual en el artículo 17 de la Constitución, y en los artículos 8 y 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, teniendo además en cuenta la lógica de una defensa eficaz de los derechos humanos, no observada muchas veces en los organismos públicos, pide por ello su destitución, pues con todo esto no sólo se configura una actuación reiteradamente omisa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a su cargo -lo que de por sí es ya también un factor eficaz en la violación de los derechos humanos-, sino también una verdadera política oficial de acoso contra los trabajadores de las minas.
Para el Cereal, en efecto, las omisiones de la STPS en exigir a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral, especialmente en seguridad e higiene en el trabajo; la parcialidad de su actuación respecto de los conflictos que su reconocimiento a Elías Morales ha provocado entre los trabajadores y las empresas del Grupo México y el Grupo Villacero, así como la ilegalidad de la actuación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al declarar el año pasado la inexistencia de la huelga en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Grupo México), y la autorización del cierre de La Caridad, Nacozari, este año (Grupo México), nos muestran "un patrón deliberado de ineficiencia y de negación de justicia por parte de las autoridades del Trabajo, en perjuicio de los derechos de los trabajadores".
Por ello, en su recomendación ciudadana, el Cereal también pide el acatamiento de la recomendación 26/2006 de la CNDH -lo que desde luego es parte de las acciones que pueden emprender las organizaciones civiles de derechos humanos-, dirigida al mismo secretario del Trabajo, de la cual todavía no tenemos noticias acerca de su cumplimiento. Pero además, se exige expresamente que la Secretaría de Economía asuma su responsabilidad en el siniestro de Pasta de Conchos, y que el propio Grupo México cumpla con su compromiso de rescatar los cuerpos de los 64 mineros restantes, sacrificados en aquel siniestro, y restablezca el sistema de información que tenía con sus familiares.
En forma congruente con el alcance de su recomendación, el Cereal reclama con toda razón la resolución del conflicto en la mina La Caridad, en Nacozari, en los términos de la no cancelación del contrato colectivo de trabajo, que rige la relación entre la empresa Mexicana de Cobre y la sección 298 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
Y para solucionar de raíz las causas que propician la comisión de delitos culposos por violación de un deber de cuidado, o de homicidios por negligencia, pide que se cumpla con las recomendaciones que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas hizo al gobierno de México en Ginebra, los pasados 9 y 10 de mayo del año en curso.