Plantea que civiles juzguen delitos de militares
Argentina: reciben fuerzas armadas plan de reforma del sistema judicial
Buenos Aires, 28 de julio. La ministra argentina de Defensa, Nilda Garré, entregó a los jefes de la marina, la aeronáutica y el ejército el proyecto de reforma del sistema judicial que plantea la eliminación del Código de Justicia Militar y determina que los delitos cometidos por militares sean juzgados por la justicia civil, y faculta a ésta a revisar las decisiones tomadas en el ámbito castrense, entre otras normas.
El proyecto -que implica la desaparición de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico argentino- fue elaborado por una comisión ad hoc, creada en marzo pasado para cumplir con un compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que permitiera la solución de un conflicto sobre falta de "garantías en el derecho a la defensa".
Esto fue planteado contra el Estado por dos militares argentinos, uno de ellos el capitán del ejército Rodolfo Correa Belisle, quien llevó su caso ante la CIDH con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ya que había sido sancionado por declarar contra sus superiores, que encubrieron el homicidio en un cuartel del soldado Omar Carrasco el 16 de marzo de 1994.
La justicia militar no le dio ninguna garantía procesal y el tribunal militar no fue imparcial "porque dependía de los uniformados que habían sido acusados por el testigo". El asesinato de Carrasco fue determinante para la eliminación del servicio militar obligatorio en esos años.
Este nuevo sistema, que se enviará al Congreso para su aprobación, "reubicará a los uniformados en el mismo escalón que el resto de los ciudadanos", señala hoy el periódico Página/12, y simplificará el camino de la justicia y de los gobiernos.
En 2000 el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se declaró "competente" para juzgar el tema del robo de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura que asesinó y desapareció a sus padres, lo que fue rechazado por la Cámara de Casación, pero muchos de los responsables de estos crímenes suelen acudir al silencio ante la justicia civil y reclaman la jurisdicción militar.