Usted está aquí: martes 25 de julio de 2006 Opinión 2 de julio

Marco Rascón

2 de julio

Imaginemos. Este 2 de julio ha dejado un mandato a las mexicanas y mexicanos: el fin del viejo régimen. Es un punto de inflexión entre la continuidad de un país injusto o la transformación social, económica y democrática. Es un momento de definición entre política senil, viejos intereses, viejos partidos y la posibilidad de una nueva cultura política, formas de competencia y una profunda conciencia entre los ciudadanos de sus derechos y obligaciones.

Este 2 de julio el mandato de las urnas es la unificación, en lo esencial, de las fuerzas democráticas, progresistas, transformadoras y revolucionarias, reconociendo las aportaciones de todas las raíces programáticas, que han sido planes y proclamas de transformación para el país desde que México luchó por su independencia.

Hoy llegó la oportunidad de situarnos correctamente frente al mundo, lo más avanzado de la ciencia política y la formación de los estados, manteniendo el anhelo permanente de salvaguardar nuestra soberanía e independencia y con ello elevar nuestros valores culturales.

Con base en la congruencia y búsqueda de la legitimidad, se han demandado y cuestionado los resultados electorales del 2 de julio. En unos días se espera la resolución del tribunal electoral, el cual decidirá a partir de las reglas y los acuerdos suscritos con anterioridad. Ante ello, esta fuerza expresada en las urnas y la movilización por la transparencia electoral no puede acabar en frustración, pues sería hacerle el juego a la contrainsurgencia.

Ganando o perdiendo la presidencia, el mandato profundo de las urnas debe cumplirse: reformar el país a fondo, pues el sistema político actual está agotado y con él la mayoría del país pierde. El resultado actual hace a todas las fuerzas parte del gobierno o las impulsa a ejercer un veto permanente.

Por eso, la salida es elegir un congreso constituyente, donde los 200 diputados plurinominales estén abiertos a la representación ciudadana directa, sin pasar por la postulación de los partidos. Un nuevo constituyente para revisar completos los términos, asimetrías y reglas de los tratados comerciales suscritos por los anteriores gobiernos, recuperando la capacidad para decidir.

El mandato de las urnas es la transformación económica para defender la centralidad del Estado en la economía y la organización del sistema financiero, para que éste responda a las necesidades nacionales y no las de la especulación, el agio y la falta de recursos para el desarrollo propio. Una política social integral, producto de reformas estructurales ligadas a formas distributivas. La política social del Estado no puede sustentarse en la caridad y la filantropía, sino en crear condiciones para la igualdad de oportunidades.

En ese sentido la centralidad del Estado requiere reforma energética, indígena, educativa, laboral, fiscal, cultural y un acuerdo mínimo de 30 años para recuperar el poder adquisitivo real de los salarios, mejorar los ingresos de los trabajadores, crear fuentes de empleo y fortalecer con ello el mercado interno. No es solución la creación de empleos efímeros con obras faraónicas sexenales.

El mensaje de las urnas ha expresado estar representado en 35 por ciento de los votos y a una distancia de 0.58 por ciento del cuestionado ganador de la elección. Arriba o abajo, para todos los contendientes esto marca limitaciones para el ejercicio de gobierno. Hay una señal clara para las fuerzas del viejo régimen y para todos los partidos políticos sin excepción de que se requiere un nuevo sistema de representación política.

Esta fuerza de 35 por ciento expresada en las urnas y la movilización no podrá ser excluida. Esto significa que no podrán ejercer impunemente una política de intolerancia, de valores retardatarios, de políticas privatizadoras y conservadoras contra las libertades y derechos civiles. No podrán privatizar para beneficio de la vieja oligarquía los recursos petroleros ni de la electricidad. Por ello la iniciativa es urgente ante la tentación de que el PRI, el PAN y el Panal acuerden un gobierno de exclusión sumando 60 por ciento de la representación en el Congreso. México no podrá ser cercenado del resto de América Latina. Con este 35 por ciento es fundamental definirse nuevamente como latinoamericanistas.

El Zócalo no será un callejón sin salida, sino una fuerza que habla al resto de los mexicanos y al mundo de que este país va a cambiar. Más allá de las resoluciones electorales del tribunal electoral, lo fundamental es convocar a todas las organizaciones sociales, civiles, culturales, profesionales, a la intelectualidad, a los científicos, a construir un nuevo proyecto de constitución y hacer de esta fuerza un referente para el México del siglo XXI.

Desde esa base y el 35 por ciento expresado en las urnas se llama a PRI, PAN, PASC y Panal, más a todas las asociaciones políticas nacionales, medios de comunicación, universidades a crear el espacio que fije las reglas de una nueva constitución y reforma del Estado... Imaginemos.

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