Diario de Guerra (electoral)
Ni libres ni justas
En las primeras semanas de su mandato presidencial, Ernesto Zedillo reconoció que su elección en 1994 había sido legal pero no justa. Había sido inequitativa por la utilización desproporcionada de los recursos y los apoyos indebidos del gobierno federal en favor del candidato oficial.
Los comicios de 2000, cuando ganó Fox por claro margen sobre Labastida fueron legales y más equitativos. Zedillo no intervino como un factor decisivo en favor del candidato del PRI y los recursos de los que echaron mano los distintos candidatos eran, relativamente, equilibrados. No fue una elección impecable, pero fue la mejor celebrada en la historia de México. Los priístas criticaron a Zedillo por no apoyar su causa.
Las elecciones de 2006 no han sido justas, ni libres, ni legales. El presidente Fox utilizó recursos del gobierno federal en favor del candidato del PAN. Una inversión de mil 700 millones de pesos para sustentar una campaña contra el "populismo", el uso clientelar del padrón de pobres de los programas gubernamentales. Se montó una campaña de calumnias para despertar fobias en contra de un supuesto candidato mesiánico o autoritario. El Consejo Coordinador Empresarial y jerarcas católicos impulsaron estas campañas. El IFE no puso remedio oportuno a esos abusos. La competencia no fue equitativa.
El proceso tampoco fue libre. El consejo del IFE violó la legalidad al declarar triunfador a Felipe Calderón a sabiendas de que quien tiene la responsabilidad de concluir el cómputo definitivo y la calificación es el Poder Judicial de la Federación. El tribunal es el único que puede decir quién ganó.
Quienes participamos en las campañas, en uno u otro bando, sabemos de las innumerables "inconsistencias" e irregularidades que se cometieron en la misma jornada electoral. Es cierto, no hubo violencia durante la votación, y el desempeño de la mayoría de los funcionarios de casilla fue correcto. Pero es evidente que los fraudes y los abusos vienen de la legión de "operadores" del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y varios de los gobernadores de los estados (todos los panistas) y algunos priístas en entidades clave.
Como sea, sobre los comicios de 2006 hay espesas sombras. Conforme pasa el tiempo, los indicios en contra de su legalidad son mayores. Es de temerse que esto signifique un retroceso en la evolución política de México. Pero esta involución puede evitarla el tribunal electoral. Al calificar las elecciones puede examinar las condiciones de equidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Principios rectores de la función electoral. Y puede también volver transparentes las cosas reconstruyendo la elección voto por voto. Esto es lo que solicitan Andrés Manuel López Obrador, la coalición de partidos que sustentó su candidatura y una corriente mayor de opinión pública. Es sorprendente que el PAN y Felipe Calderón no se apresuren a apoyar esta propuesta.