Editorial
Resultados electorales: sociedad burlada
El artículo 41 de la Constitución Política de nuestro país establece que los principios rectores en la organización de las elecciones federales son: certeza, legalidad, independencia y objetividad. A una semana de su realización, millones de ciudadanos han expresado serias dudas de que estos principios se hayan cumplido a cabalidad en la conducción del proceso electoral del 2 de julio.
El Instituto Federal Electoral (IFE) no ha divulgado información suficiente y veraz sobre los comicios, además de arrogarse funciones que no le competen, como la de calificar la elección y anunciar quién resultó ganador. A pesar de que la legislación vigente no le otorga al instituto ningún papel sustantivo en la etapa del cómputo electoral, éste se lo adjudicó indebidamente, en desmedro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la credibilidad del proceso electoral. La evidente extralimitación del IFE en sus funciones ha provocado que surjan dudas fundadas sobre su imparcialidad.
La actitud del instituto, grave en condiciones normales, es doblemente ominosa por acontecer en las elecciones más competidas en la historia reciente de México. Más aún, si se tiene como antecedente una larga cadena de acciones extralegales e ilegales perpetradas por el Ejecutivo en contra de Andrés Manuel López Obrador para evitar su postulación. El intento de inhabilitación política de hace un año, la campaña mediática presentándolo como un trasgresor de la ley y la difusión de anuncios en televisión en los que se le muestra como un peligro para México son sólo algunos episodios de esta ofensiva en su contra.
La movilización de cientos de miles de ciudadanos el día de ayer en la ciudad de México exigiendo el recuento de la votación es un síntoma inequívoco de que hay grandes dudas de que las cifras ofrecidas sobre los comicios sean ciertas. Es, además, indicador del grado de encono que el conflicto postelectoral comienza a adquirir. Una muy importante parte de la sociedad se siente fuertemente agraviada. Fue convocada a votar, asistió a las urnas, pero percibe que sus sufragios no fueron contados ni respetados. No hay certeza de que la información sobre la votación proporcionada por el instituto corresponda cabalmente a la voluntad ciudadana expresada el 2 de julio. Se le dijo que el IFE era un órgano independiente, pero ha tomado partido por una de las facciones en contienda.
El sentimiento de ofensa de una muy importante parte de la sociedad mexicana crece cuando no encuentra sus opiniones y puntos de vista reflejados en los grandes medios de comunicación electrónicos. En un ambiente tan cargado como el que vivimos, el vacío informativo que algunos de ellos han comenzado a hacer a las razones y los argumentos de López Obrador tiene como consecuencia aumentar el encono social.
Tanto la movilización ciudadana como la impugnación del proceso electoral ante el TEPJF son acciones inscritas en nuestro marco legal. La descalificación apresurada que algunos comunicadores han hecho de ellas no sólo contraviene el ejercicio de un derecho sino que alimenta en quienes ejercen esos derechos la sensación de injuria.
La única forma de restablecer el principio de confianza del que habla el artículo 41 constitucional es abriendo los paquetes electorales y contando los votos. Es una medida permitida por la legislación que, de hacerse realidad, indudablemente distenderá el crispado clima político. Más aún: es la única que lo logrará. Si Felipe Calderón no tiene nada que ocultar, si está seguro del triunfo que prematura e ilegalmente le ha otorgado el IFE, no debería temer nada. El debiera ser el primer interesado en abrir los paquetes electorales. Después de todo, nadie puede gobernar sobre una parte muy importante de la sociedad que se considera burlada.