Usted está aquí: sábado 8 de julio de 2006 Opinión Los de Abajo

Los de Abajo

Gloria Muñoz Ramírez

Lucha en Orellana

Una doble lucha enfrenta en estos días el pueblo indígena y campesino de Orellana, en el oriente amazónico de Ecuador. Por un lado continúa la indignación por los daños ecológicos generados por la petrolera Perenco y, por otro, se organizan por la libertad absoluta de Wilman Jiménez, defensor de los derechos humanos, quien enfrenta un injustificable juicio militar.

Hace dos días el activista obtuvo su libertad bajo fianza, pero sigue en el juicio ilegítimo y anticonstitucional.

El 19 de junio, cansados de la indiferencia oficial, campesinos de Orellana ocuparon pacíficamente los alrededores de la estación Coca, operada por Perenco, en demanda de que se cubra un tubo reinyector de la empresa y de compensaciones e indemnizaciones por los daños que generó a los pobladores de la zona.

De acuerdo con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador, la manifestación fue reprimida por efectivos militares y policías con bombas lacrimógenas y balas de goma. Wilman Jiménez, quien se encontraba en el lugar en calidad de observador humanitario, resultó herido por seis de estas balas y, en ese momento, fue detenido, junto con Alfonso Cango -también defensor de derechos humanos-, por efectivos de la fuerza pública.

En México, en América Latina y en el mundo debe saberse que en Ecuador se aplica contra los luchadores sociales la Ley de Seguridad Nacional, que permite a la autoridad atropellar los derechos ciudadanos. En un régimen democrático como el que supuestamente prevalece en este país sudamericano, se aplica el estado de emergencia en zonas donde se asientan instalaciones petroleras, establecido también en la mencionada ley.

El asunto conlleva una doble preocupación: las empresas petroleras asentadas en Ecuador generan daños am-bientales irreversibles y las leyes las protegen. Debe derogarse el estado de emergencia en esas provincias de Ecuador y, sobre todo, la Ley de Seguridad Nacional que fomenta el atropello de los derechos humanos y la criminalización de las luchas sociales. Mención aparte amerita el daño a la naturaleza y a la humanidad generado por las empresas petroleras.

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