En 2005, por ''nulidad abstracta'', se hizo en Tabasco
Improbable, que el TEPJF autorice abrir los paquetes
Jurídicamente es difícil que prospere: fuentes judiciales
La demanda del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordene la apertura de todos los paquetes electorales con presuntas irregularidades es ''políticamente entendible, pero jurídicamente es difícil que prospere'', confiaron fuentes de primer nivel del citado tribunal.
Ante el hecho de que el Tribunal Electoral sea ''la única instancia'' para calificar la elección presidencial, que incluye el cómputo final, la declaración de validez de los comicios y la de presidente electo ''al candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos y satisfecho los requisitos de elegibilidad'', los entrevistados señalaron que este proceso legal ''pondrá a prueba'' la misma institucionalidad e independencia de los magistrados electorales.
La coalición Por el Bien de Todos cuenta con cuatro días, a partir de ayer, para presentar sus impugnaciones ante los consejos distritales, con lo que iniciará el proceso legal correspondiente, el cual debe terminar con la calificación de los comicios antes del 31 de agosto próximo.
Recordaron que en la elección presidencial del año 2000, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnó únicamente dos distritos (de Tlaxcala y de Puebla) y que por ello la calificación de esos comicios fue prácticamente de trámite, a diferencia de esta ocasión en la que ''la diferencia estrecha'' de la votación entre Calderón y López Obrador -243 mil 934 sufragios- aconseja esperar a que la sala superior del TEPJF califique la elección.
Ante las pocas probabilidades de que los magistrados acepten la apertura de todas las urnas electorales impugnadas, sobre todo si se toma en cuenta que muchas ya fueron abiertas durante los cómputos distritales con base en lo que establece la ley -como es el hecho de que las urnas estén abiertas o muestren claras huellas de haber sido manipuladas-, en el caso de las otras urnas, en las que no hubo acuerdo para hacerlo, fue porque no se ajustaban a los requisitos previstos por la ley y seguramente los magistrados confirmarán dicho criterio.
Sin embargo, los entrevistados reconocieron que criterios y tesis jurídicas emitidas por el TEPJF en materia de ''nulidad abstracta'' de las elecciones abren la posibilidad de que prosperen quejas de López Obrador y se logre la apertura de algunas de las casillas que no fueron abiertas en los cómputos distritales. Incluso, añadieron, si los quejosos logran demostrar con hechos y documentación suficiente que las autoridades federales incurrieron en conductas ''graves y que a la vez sean determinantes para el desarrollo electoral o para el resultado de la votación en la casilla en que ocurran'', ello daría lugar a la anulación de votos y un nuevo recuento de los mismos.
En ese contexto pusieron como ejemplo posibles denuncias sobre la actuación del Presidente de la República en favor de Calderón; el uso proselitista de programas sociales; la campaña ''negra'' en contra de López Obrador, entre otras irregularidades.
Explicaron que en virtud de criterios establecidos por la tesis de jurisprudencia S3ELJ20/2004, los demandantes podrán apelar a la causa de ''nulidad abstracta'', que ya fue aplicada en 2005 y que sirvió para anular los comicios de gobernador en el estado de Tabasco, con el argumento de la actuación de autoridades estatales en favor del candidato ''oficial'', contituyéndose en acciones graves que influyeron de forma determinante en la elección.
Si bien los magistrados reconocieron en su tesis de jurisprudencia que no hay un ''catálogo limitativo'' de las posibles acciones que podrían considerarse como graves para anular una elección, lo cierto es que las denuncias deben tener un sólido argumento jurídico, avalado con elementos documentales, monitoreos, fotografías y videos.
Precisaron que si bien la ley no prevé la anulación de la elección presidencial, tampoco establece que no pueda hacerse por lo que, en todo caso, la decisión de los magistrados dependerá de las pruebas que presente la coalición Por el Bien de Todos.