Editorial
Proceso sucesorio irresuelto
La culminación del cómputo de actas realizado en los distritos electorales es un paso más en el proceso de calificación de los comicios del domingo pasado, pero no es el último. De acuerdo con las leyes vigentes, toca ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver las inconformidades que son muchas, corregir las irregularidades vividas como agravio por buena parte del electorado y declarar válidas estas elecciones, o no, en caso de que los descontentos decidieran solicitar esa medida. En lo inmediato, e incluso si en el proceso no se hubieran producido anomalías graves desde más de un año antes de las elecciones, la revisión legal de los resultados arrojados por el conteo de esta semana es pertinente y necesaria por un motivo simple: si la votación fue tan cerrada como indican las cifras oficiales, y si la diferencia entre los candidatos presidenciales más votados es de apenas 236 mil votos, 0.58 por ciento del sufragio total ejercido, resultaría necesario constatar que no se ha cometido una proporción similar o superior de errores en el conteo de las actas. El enunciado de tal posibilidad no constituye, de manera alguna, una ofensa a los ciudadanos que participaron en la organización de los comicios y en el cómputo de horas recientes, como afirman mañosamente voces oficialistas, sino expresa la convicción democrática de tomar en cuenta cada voto emitido.
Ha de tomarse en cuenta, además, que la torpeza, la irresponsabilidad y la turbiedad que caracterizaron el desempeño del Consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) antes, durante y después de la jornada electoral han dado pie a un vasto escepticismo que trasciende con mucho las filas de la coalición Por el Bien de Todos y que debe ser despejado antes de que el proceso culmine en la proclamación formal de un vencedor. De otra forma se constituiría un gobierno sobre la base de un enorme descrédito y de una fractura nacional. La reconciliación poselectoral empieza necesariamente por el esclarecimiento de todas las sospechas; sólo sobre esa base será posible la construcción de acuerdos para el próximo sexenio.
La calificación de los comicios se encuentra aún inconclusa, los enconos mantienen toda su vigencia y no existe un presidente electo. Llama la atención, en este escenario abierto e irresuelto, la emisión de opiniones autoproclamadas democráticas que pretenden homologar la impugnación legal con ilegalidad, el ejercicio de derechos constitucionales con desestabilización, el tránsito por canales institucionales con "destrucción de la democracia". En tal entorno resulta sorprendente, también, que el aspirante panista, Felipe Calderón, diga "compartir anhelos" con su contendiente perredista y hasta lo "invite" a formar parte de su gabinete. En el contexto presente, tales palabras aparecen como un reclamo precipitado de funciones que no le han sido atribuidas la formación de un gabinete y como una falta de coherencia y responsabilidad, si no es que de cordura: antes de emitir esas frases, el candidato gubernamental tendría que explicar, por ejemplo, en virtud de qué circunstancias Andrés Manuel López Obrador dejó de ser "un peligro para México", que es como lo catalogaba hasta hace una semana, o bien reconocer que, al calificarlo de esa manera, el propio Calderón Hinojosa mintió en forma sistemática a lo largo de varios meses.
La preservación de la legalidad requiere de prudencia y respeto a los tiempos y las instancias. Es lamentable que los presuntos defensores de la estabilidad y el orden descalifiquen procedimientos previstos en el marco institucional del país y pretendan saltarse los procedimientos establecidos en las leyes. El proceso de la sucesión presidencial sigue abierto. Son quienes proclaman o sugieren lo contrario quienes ofenden a la democracia, a la institucionalidad y a la ciudadanía.