Se acabó
Tras una muy larga campaña el momento de la decisión ha llegado. En tres días los electores haremos presidente de la República a López Obrador o a Calderón. No hay más contendientes. Los otros aspiran a sumar votos y eventualmente a ganar diputados y senadores, pero no compiten por gobernar el país. Se trata, en consecuencia, de un referendo: se elige una opción que propone cambiar el rumbo del país, o bien se opta por continuar por una ruta que hemos transitado en los últimos 24 años. Las coordenadas de esta decisión, pese al increíble ruido provocado por las campañas sucias, están claras.
Una de ellas, de enorme importancia, es el empleo. Inclusive los panistas la han usado como lema de campaña, copiando el éxito de la anterior contienda en la que Vicente Fox también se autopostuló como presidente del empleo, ofreciendo crear un millón 300 mil empleos anuales. Los datos son contundentes: en diciembre de 2000 los trabajadores asegurados en el IMSS eran 12 millones 732 mil 430, de los cuales 87 por ciento fueron permanentes. En mayo de 2006, los trabajadores asegurados llegaron a 13 millones 613 mil 626, lo que señala un aumento en cinco años y medio de solamente 881 mil 196 personas, de las cuales únicamente la cuarta parte se contrató de manera permanente.
Pese al pírrico incremento, la tasa de desempleo se mantiene en niveles de 3 por ciento. Ello se explica por la concurrencia de dos factores: la migración y el crecimiento del empleo informal. Los resultados del último conteo poblacional mostraron que las estimaciones del número de mexicanos resultaron casi 4 millones por arriba del registro de ese conteo. La única explicación razonable es la migración que ocurre cotidianamente y de la que, por razones obvias, sólo hay registros aproximados. Se acepta que casi 500 mil personas emigran anualmente a Estados Unidos, pero se desconoce la cifra exacta de los que lo intentan. Lo cierto es que el país pierde a una parte de su capacidad de trabajo y la obliga a contratarse en condiciones lamentables, pero aun mejores que carecer de ellas en nuestro propio suelo.
En relación con la informalidad, según una estimación reciente (E. Peralta. "El mercado laboral en México: perspectiva 2000-2020", en Comercio Exterior, junio de 2006) para el año 2000 la formalidad era de 42.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA), lo que significa que solamente 15 millones 180 mil mexicanos estaban contratados de manera formal y gozaban de las prestaciones legales, mientras casi 21 millones estaban ocupados en empleos informales sin prestaciones de ningún tipo.
El estudio citado muestra que de 1980 a 2002 el promedio anual de empleos formales creados fue de apenas 390 mil, en tanto la PEA crecía anualmente a razón de 833 mil personas. Ello explica que en estos 22 años el producto por habitante haya aumentado en 9 por ciento. En los próximos años, la PEA aumentará anualmente en un millón 324 mil personas, de modo que el incremento anual de nuevos puestos de trabajo tendrá que ser de esa magnitud, sin considerar a los casi 25 millones que están hoy en la informalidad. Ello supone no sólo tasas de crecimiento altas y sostenidas, del orden de 7-8 por ciento, lo que parece difícil lograr, sino que también es menester lograr una transformación profunda en la manera de articular la relación entre el gobierno y los empresarios a favor del uso de los llamados "recursos reproducibles".
Esto no ocurrirá si se mantiene el planteo económico actual. La dinámica que ha caracterizado el desempeño económico desde que se instrumentaron las reformas orientadas al mercado es un estancamiento estabilizador. Crecimiento económico mediocre, manteniendo control al incremento de precios, desaprovechando la oportunidad extraordinaria de ingresos petroleros cuantiosos, un repunte de la economía mundial que constata nuestro desplazamiento como socios importantes de la economía estadunidense, inversión extranjera orientada fundamentalmente a comprar empresas mexicanas existentes y que expulsan trabajadores, en fin, una economía estancada y marcadamente desigual.
La otra propuesta plantea la construcción de una nueva dinámica económica en la que verdaderamente esté en el centro de la política económica la política social. Ello implica crear fuentes de trabajo decente, es decir, aquéllos en los que se respetan los derechos fundamentales de los trabajadores, en los que hay protección social, capacidad para participar en la gestión e intervención en el diálogo social. Esto es lo que decidiremos. México no se equivocará.