El Estado debe replantear toda su política anticrimen: Academia de Ciencias Penales
Gobernantes utilizan más a policías para reprimir que para prevenir los delitos
No se puede hablar de estado de derecho mientras sigan los actos de brutalidad, señala
En México los gobernantes utilizan más a las policías federal, estatales y municipales como elemento de "represión social", que como instrumentos de prevención del delito y combate a la delincuencia organizada, lo cual "está completamente fuera del marco de lo que establece la Constitución", consideró ayer Moisés Moreno Hernández, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales.
Entrevistado tras su participación en el Congreso internacional de derecho penal, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el destacado jurista consideró que no se puede hablar de la existencia plena de un estado de derecho mientras sigan repitiéndose en el país actos de "brutalidad policiaca", como los acontecidos en San Salvador Atenco, estado de México; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Oaxaca, donde diversos sectores sociales que realizaban actos de protesta fueron reprimidos con el uso de la fuerza pública.
Agregó: "el problema de la represión en México no solamente se ve en la actuación de los cuerpos policiacos, sino también la encontramos en el proceder del Ministerio Público y en la actuación de jueces y magistrados, pero más que nada se observa en la actuación de los legisladores, porque son quienes van generando las leyes y estableciendo una por una cuáles son las conductas que deben criminalizarse; es ahí donde ellos incurren en excesos, porque no tienen la visión respecto de que frente a esos problemas hay otras alternativas, no necesariamente la represión de carácter penal".
La creación de normas represivas, indicó Moreno, trae como consecuencia, por parte del legislador, un endurecimiento de las penas y la consecuente justificación de las policías para ejercer con excesos la fuerza pública.
Enfático, el especialista en derecho penal afirmó: "toda la política criminal del Estado mexicano se caracteriza fundamentalmente por su represividad y su ausencia de preventividad; lo que estamos planteando es que haya una política más racional, que combine aspectos represivos con preventivos".
Refirió que "la política de prevención no solamente implica el uso de medidas penales para que se evite la comisión de un delito, sino el uso, como se dijo en este congreso, de políticas que atiendan aquellos problemas que generan el fenómeno de la delincuencia; por ejemplo, el problema de la pobreza, de la economía, de la falta de trabajo y espacios recreativos para que la gente esté dedicada a algo y no tenga tiempo para pensar en delinquir".
Señaló que el Estado actúa con mano dura cuando se trata de reprimir a movimientos sociales, mientras se muestra débil al momento de combatir el crimen organizado. "Aquí es cuando se notan las grandes desigualdades en cuanto a la forma de reaccionar del Estado frente al delito. Uno quisiera que la policía fuera más eficaz (cuando combaten al narcotráfico), con mayor dureza en cuanto aplicar la ley en los términos que se encuentra; que la policía investigue y esclarezca los delitos, que asuma el papel preventivo, no represivo. Eso es lo que se requiere", puntualizó.