Editorial
Oaxaca: por la prudencia
Cuando el conflicto entre el magisterio de Oaxaca, las autoridades de esa entidad y el gobierno federal alcanza nuevos grados de tensión por la ruptura de las pláticas entre la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Gobernación, resulta necesario destacar el llamado a la prudencia que formuló ayer a todas las partes el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes. El ombudsman nacional señaló que en la circunstancia actual, cuando faltan menos de dos semanas para los comicios federales del próximo 2 de julio, el problema no debe abordarse de manera superficial, y afirmó que difícilmente puede considerarse una coincidencia que, ante la cercanía de las elecciones, el conflicto oaxaqueño alcance un nivel tan preocupante de explosividad y polarización.
Ello no sólo se explica por la intransigencia de los interlocutores ni únicamente por las lógicas dificultades para encontrar una solución a las reivindicaciones de los mentores oaxaqueños, sino también por la ambigüedad y la poca claridad en las posiciones de cada parte. La rezonificación salarial de los educadores, centro de las peticiones originales del movimiento magisterial, es una demanda atendible que se ha dejado crecer por la miopía política y la mezquindad presupuestal de las autoridades federales y estatales. "No hay dinero" es una respuesta poco verosímil en boca de un gobierno que ha recibido carretadas de recursos por los altos precios internacionales del crudo, y que destina, con una irresponsabilidad ofensiva, enormes partidas presupuestales a la promoción de logros que sólo existen en el imaginario del grupo en el poder. Las autoridades oaxaqueñas, por su parte, dan la impresión de estar peligrosamente empeñadas en incubar un conflicto con la esperanza de que le estalle en las manos a un foxismo terminal y desacreditado que, para colmo, exhibe en sus postrimerías actitudes represivas y soluciones de fuerza como método de solución ante los conflictos sociales. En cuanto a los maestros, no es fácil entender que abandonen la mesa del diálogo con el pretexto de que ambos gobiernos, el federal y el estatal, han "cerrado filas" contra la organización sindical y su movimiento.
La insensibilidad y el maximalismo no constituyen una buena combinación, y menos en la presente circunstancia nacional. La desestabilización de Oaxaca puede convertirse en un horizonte inevitable si las partes no son capaces de actuar con responsabilidad, sensatez y buen sentido, y no le conviene a nadie: ni a los maestros inconformes ni a las autoridades estatales y federales ni al resto del país. El conflicto tuvo ya un saldo excesivo e innecesario de 66 heridos, y nada resultaría más pernicioso para la entidad y para la nación que un foco adicional de violencia.
Es necesario, por ello, que se aíslen los intereses que pugnan por escalar el conflicto porque es inevitable suponer que los hay y que se atienda el llamado del ombudsman nacional para resolver el problema con prudencia y seriedad de todas las partes.