Concluye la 37 Asamblea General del organismo
Pugna la OEA por mayor seguridad jurídica para la inversión en AL
Santo Domingo, 6 de junio. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) abogaron hoy por la adopción en América Latina de marcos "legislativos, regulatorios y administrativos" que ofrezcan seguridad jurídica para las inversiones, en la declaración final de la 37 Asamblea General del organismo que se realizó en Santo Domingo.
En la ultima sesión de este día, México se pronunció contra las injerencias externas en los asuntos internos de los países del hemisferio y reiteró la necesidad de mantener el principio de no intervención como base de la convivencia entre sus integrantes.
El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Jorge Chen Charpentier, rechazó también los intentos por imponer modelos de evaluación democrática.
La OEA, por su parte, reconoció que las débiles finanzas afectan su capacidad para operar de forma efectiva y amenazan sus esfuerzos de fortalecimiento institucional y el mantenimiento de sus programas de asistencia a los países de la región.
La declaración final señaló que el objetivo de los marcos "legislativos, regulatorios y administrativos", es que ofrezcan seguridad jurídica y promuevan la competencia, la innovación, la promoción de la inversión y el acceso universal a los servicios. Esto, al recordar la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.
También se acordó impulsar un acceso "sin censura" a las nuevas tecnologías de la información en América Latina, entre ellas Internet.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó hoy que pese a los avances persisten obstáculos para la plena vigencia de las garantías individuales en el hemisferio a causa de la debilidad del estado de derecho y citó como casos concretos los de Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador y Colombia.
En su informe presentado ante la Asamblea General, la CIDH estimó que el embargo económico contra Cuba generó un grave impacto en el disfrute de los derechos económicos y sociales de la población y quienes sufren sus consecuencias son los sectores más vulnerables.
Empero, llamó la atención sobre "las restricciones al ejercicio de las libertades de reunión, asociación y expresión" en Cuba, así como a presuntas violaciones cometidas por el sistema judicial.
En cuanto a Haití, señaló que la ausencia de medidas de desarme o de un control real del flujo de armas ha perpetuado y exacerbado la violencia en el país".
En Venezuela, la CIDH reportó situaciones relacionadas con la administración de justicia, así como ejecuciones extrajudiciales, mientras que sobre Colombia advirtió ante las consecuencias del conflicto armado.