Derecho a la protesta y derechos políticos: ¿ruta de colisión?
Hoy se realizará el debate entre los candidatos presidenciales y no está en la agenda fijar postura sobre el olor de la impunidad que en el caso Atenco escapa por todos lados ante la cerrazón gubernamental. Tampoco el tema de la justicia aplazada desde 1968, 1971 y los años de la llamada guerra sucia, pese a que en estos días se muestran nuevas evidencias de que el grupo paramilitar halcones fue entrenado en Estados Unidos a instancias del gobierno de Luis Echeverría Alvarez y formó parte de una estrategia oficial para desarticular el movimiento estudiantil en 1971. Mientras tanto, a 26 días del proceso electoral se consolida la postura de Estado de eludir la investigación seria de los delitos cometidos por la policía en contra de mujeres principalmente, además del homicidio de un joven, la brutal agresión que tiene al borde de la muerte a Alexis Benhumea, las expulsiones arbitrarias de extranjeras y los nada justos procesos en curso, entre la lista de agravios que atentan directamente contra el estado de derecho y lo hacen exponencialmente por tratarse de fuerzas públicas y jueces. Este escenario podría haber impulsado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar una investigación por violación de garantías fundamentales conforme al 97 constitucional; obviamente tal decisión no entra en el horizonte de la máxima instancia del Poder Judicial.
Entre tanto el aparato continúa su lento y pesado andar sobre los ciudadanos y ciudadanas detenidos en la operación de arrasamiento la madrugada del 4 de mayo, y las voces nacionales e internacionales que denuncian violaciones graves de derechos humanos no son escuchadas. La intencionalidad política es obvia: retener a los presos y presas de Atenco les asegura la continuidad de las protestas y movilizaciones que les pueden servir en sus cálculos sobre los escenarios posibles de la contienda electoral, además de mandar el mensaje de línea dura a los sectores que la demandan; de paso inhiben la presencia en las casillas de los muchos y muchas que "la estaban pensando".
En este contexto se está trazando un círculo perverso; es obvio que llegamos al fin del sexenio sin presidente de la República y también sin secretario de Gobernación en el sentido de las responsabilidades que sus posiciones les reclamarían. También lo es que, si nos alejamos del reduccionismo, las elecciones no sólo son de interés para la clase política, sino que lo son y en gran medida para amplios sectores sociales que han luchado contra "el fraude patriótico" del que vivió el priísmo y esperan una jornada electoral que les garantice transparencia en sus resultados, independientemente de que compartan la postura crítica hacia los partidos. Porque se resisten a tirar el niño con todo y el agua sucia, demandan que se les permita votar por el candidato o candidata que los haya convencido. ¿No fue ése el trasfondo de las masivas movilizaciones contra el desafuero?
Sería muy lamentable que las marchas y protestas por causas justas se convirtieran en un ingrediente adicional a los que desde el Yunque- gobierno preparan para impedir o alterar el derecho de la ciudadanía de acudir a las urnas el próximo 2 de julio. En esta lógica se estaría generando una confrontación no sólo desde arriba, sino entre "los de abajo". El derecho a la protesta y el derecho al voto en ruta de colisión, ambos igualmente legítimos. En ese sentido no hay incertidumbre: los conflictos se mantendrán, ya está claro que al Yunque-gobierno no le parece necesario resolverlos ni garantizar un clima de distensión; a todos ellos los ha colocado en el nivel "estatal". Para efectos de operación política y búsqueda de estabilidad la Federación es inexistente: toda proporción guardada, ¿no estaremos ante el desafuero por otros medios? Vayamos más lejos: si hace un año algunos hablamos de que se estaba fraguando un golpe de Estado y se mostraron las evidencias del involucramiento en ello de los tres poderes, hoy podemos preguntarnos, también con elementos duros, si lo que se está preparando es una reedición de "la caída del sistema" que el mismo PRIAN operó en 1988, sólo que acondicionada con ingredientes que la enturbian aún más porque aquello los tomó por sorpresa y la tendencia que hoy tiene fuerza, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, se ha sostenido. Hay un ánimo de voto ciudadano muy anunciado. Entre "los auténticos de arriba " no se confunden y tienen claro el enemigo a vencer. La festejada "transición" de 2000 no ha sido capaz siquiera de rendir buenas cuentas en lo mínimo, que es el respeto a los derechos humanos, ni justicia frente al pasado ni mucho menos en el presente, y San Salvador Atenco es una de sus evidencias más recientes. Veremos qué cuentas dan del ejercicio de los derechos políticos elementales el próximo 2 de julio.