Editorial
Degradación: el papel de los medios
Ayer, en vísperas del debate de esta noche entre los candidatos a la Presidencia de la República, una nueva paletada de lodo vino a crispar el ya descompuesto panorama político: el anuncio de la difusión de nuevos videos del empresario corruptor Carlos Ahumada. Por si no bastara con el ínfimo nivel de la propaganda electoral y la descarada intromisión del Ejecutivo federal en las campañas para apuntalar a su candidato, Felipe Calderón; como si no fuera suficiente con la pusilanimidad manifiesta de un Instituto Federal Electoral (IFE) que es hoy mera sombra de lo que fue en los comicios de 2000; como si la ciudadanía no tuviera sobrados motivos de agravio con la descalificación, la calumnia y la inducción del voto del miedo como sucedáneos de propuestas coherentes de gobierno, se pretende introducir ahora como factor de decisión electoral el chantaje de un presunto delincuente, sujeto a varios procesos penales.
Sería iluso, desde luego, suponer que el encarcelado empresario de origen argentino actuó por decisión propia en este enésimo ataque a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. En el contexto del acoso mediático y publicitario tendido por el grupo en el poder al aspirante perredista, es por demás probable que el procesado haya sido usado, una vez más, por aquellos de quienes recibió instrucciones hace dos años, en una documentada reunión en un hotel de la capital, para iniciar la embestida contra el entonces jefe del Gobierno capitalino, conspiración que culminó con el fallido desafuero del tabasqueño.
La maniobra de Ahumada embona con la obsesión del titular del Ejecutivo federal denunciada por el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Emilio González Martínez, y nunca desmentida por Los Pinos de impedir a cualquier precio que López Obrador se convierta en su sucesor.
En la lógica noticiosa, la difusión de los videos, anunciada para hoy, carece de relevancia particular: es del dominio público, desde hace mucho tiempo, que el recluso tiene todavía en su poder sobrantes de poco relieve de los materiales que empleó para sus prácticas de extorsión, y era previsible que mandara a producir algunos otros, carentes en todo caso del potencial de escándalo que ostentaron los exhibidos hace dos años.
Pese a estas consideraciones, los medios especialmente los electrónicos, pero también algunos impresos dieron al anuncio un despliegue desmesurado y se refocilaron inflando un asunto que sabían menor, con la esperanza manifiesta de poner al candidato perredista en desventaja previa en el debate de hoy, con deplorable sometimiento a los persistentes afanes del foxismo y salinismo de dañar la imagen del ex gobernante capitalino. Lo que pusieron al descubierto, acaso sin proponérselo, fue su apoyo a la embestida desde el poder contra López Obrador. Las facturas de la ley Televisa siguen saliendo al aire de nuevas maneras.
Con todo, el principal agraviado por esta nueva paletada de lodo no es el político perredista, sino la ciudadanía, para la cual resulta ya exasperante la guerra sucia electoral. Es posible, por ello, que la manipulación informativa acabe revirtiéndose contra sus ejecutores, tanto los funcionarios que participan en ella como los comunicadores poco escrupulosos. De los primeros cabe señalar que la maniobra denota un agotamiento de recursos políticos y una palpable angustia ante la posibilidad de que su candidato sea derrotado el 2 de julio.
En cuanto a los segundos, no está de más recordar el altísimo costo que la televisión privada pagó, en términos de credibilidad, por su participación como paraguas mediático del fraude orquestado en 1988 por el gobierno de Miguel de la Madrid en favor de Carlos Salinas y contra Cuauhtémoc Cárdenas, entonces candidato del Frente Democrático Nacional. Esa lección, a lo que puede verse, no fue aprendida.