Usted está aquí: miércoles 31 de mayo de 2006 Ciencias Conacyt viola estatutos de centros de investigación: Leyva Ramos

En lugar de mejorar la situación, las decisiones parecen veneno, señala científico

Conacyt viola estatutos de centros de investigación: Leyva Ramos

Gustavo Chapela y Alberto Mayorga actúan con "claro abuso de poder" al poner a un titular del Instituto Potosino de Investigación Cientifica y Tecnológica sin consultar a la comunidad, expresa

JOSE GALAN

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) viola los estatutos y la normatividad de los centros públicos de investigación al pasar por encima de los acuerdos para designar a directores generales de los mismos, tal como sucedió en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), en una práctica que investigadores de ese centro llaman "de imposición".

Jesús Leyva Ramos, consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e investigador del Ipicyt, denunció a este diario que el director general de Conacyt, Gustavo Chapela, y Alberto Mayorga Ríos, director adjunto de Coordinación de Grupos y Centros de Investigación, actúan con "claro abuso de poder" al imponer en la dirección del Ipicyt un director sin consultar a la comunidad. Y lo mismo ha sucedido recientemente en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), en Guanajuato.

Relató que, a finales del año pasado, Gustavo Chapela Castañares -quien recién había asumido la dirección general del consejo-, realizó una consulta sobre la situación que guardaba el Ipicyt bajo la dirección de José Luis Morán López, y explorar la posibilidad de que este académico, alma del proyecto que anima al centro en San Luis Potosí, pudiera continuar al frente.

Sin embargo, integró una terna de los posibles candidatos sin que la diera a conocer a la comunidad. "Hoy se sabe que dicha consulta fue una farsa", porque ya se tenía en mente cambiar al director general. El Conacyt "designó" a David Ríos Jara, "quien desde antes había comentado a sus familiares que él sería el bueno".

Sorpresa para la comunidad

La designación de Ríos Jara, añadió Jesús Leyva Ramos, se dio con "una clara intervención de Mayorga Ríos", y afirmó que para la comunidad del Ipicyt "fue una verdadera sorpresa", ya que la mayoría de sus miembros "no conocía a Ríos Jara, quien inclusive nunca se presentó como candidato a la dirección general. Tampoco se supo cuál era su plan de trabajo ni se consultó a la comunidad sobre la pertinencia de cambiar de director y el nuevo rumbo que debiera tomar el instituto.

"Me imagino que Chapela Castañares no lo consideró pertinente, y quizá hasta una pérdida de tiempo. Al final de cuentas, era su propuesta, y no le importó la opinión de los miembros de la comunidad. Esas son las atribuciones que le da el cargo", añadió el investigador y miembro de la CEDH de San Luis Potosí, quien subrayó que pronto los mexicanos acudiremos libremente a las urnas para elegir a quien será nuestro próximo presidente de la República, "logro democrático indubitable", pero que la opinión de los investigadores "no se considera para saber si un director es el indicado para dirigir un instituto o centro de investigación".

Hacia un rumbo opuesto

Y al tenor de los datos revelados por él, se preguntó: "¿Acaso no tenemos la madurez para opinar sobre la conveniencia de una persona en la dirección, y tenemos que esperar a que sea una decisión cupular para que se nos diga quién es el director y todos los demás debamos callarnos (ley mordaza)?" Y añadió: "al afinal, estas imposiciones, en lugar de mejorar, resultan veneno. Hoy en día, el nuevo director general del Ipicyt quiere llevar al instituto por otro rumbo, totalmente opuesto a la misión de su creación y la pertinencia regional, creando situaciones de estrés institucional innecesarias e inútiles, y siguiendo el mismo patrón: no consultar".

Así, sostuvo que, en su opinión, las decisiones tomadas con el consenso de sus actores "son mucho mejores que las que se hacen por debajo de la mesa", dijo, para añadir que la comunidad científica debe reclamar el derecho de proponer a sus líderes académicos y administrativos en los centros de investigación que son financiados con recursos públicos.

"No podemos permitir que la imposición sea el criterio que prevalezca en una comunidad donde se cultiva la inteligencia, el pensamiento libre y la creatividad. En nuestro México moderno, la imposición no tiene cabida en ninguna actividad pública, so pena de ir al fracaso", finalizó.

 
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