Usted está aquí: viernes 26 de mayo de 2006 Mundo Denuncia la izquierda colombiana guerra sucia por teléfono e Internet contra Carlos Gaviria

La catástrofe humanitaria por el conflicto interno no es prioridad para Alvaro Uribe

Denuncia la izquierda colombiana guerra sucia por teléfono e Internet contra Carlos Gaviria

JORGE ENRIQUE BOTERO CORRESPONSAL

Ampliar la imagen Una policía revisa en Medellín a una colombiana embarazada en busca de armas Foto: Reuters

Santafe de Bogotá, 25 de mayo. A solo tres días de las elecciones presidenciales y en medio de un clima de tensión derivado de continuos hechos de violencia, las campañas de los cuatro candidatos concentraron desde hoy sus esfuerzos en la difusión de los programas de gobierno, dejando en un segundo plano la figura de los aspirantes.

Al acercarse la fecha de los comicios, voceros de la coalición de izquierda Polo Democrático denunciaron la existencia de una guerra sucia contra el candidato Carlos Gaviria con la circulación de mensajes calumniosos por Internet y vía telefónica. La aparición de mensajes contra Gaviria coincide con su sostenido avance en los sondeos, que lo sitúan en el segundo lugar.

La campaña Primero Colombia, que impulsa la candidatura del presidente Alvaro Uribe, al frente en los sondeos y con posibilidades de ganar los comicios en primera vuelta, optó por seducir a los votantes indecisos con ofertas concretas, más que con un programa de gobierno: ofrece créditos para vivienda popular a 30 años, venta de computadores populares sin impuesto al valor agregado, ampliación del crédito educativo y seguridad social para taxistas y otros trabajadores que carecen de ella.

En los numerosos capítulos de la oferta presidencial, sin embargo, no aparecen alusiones a varios de los temas que, según la mayoría de los analistas políticos, deberían ser prioritarios en cualquier programa de gobierno para la Colombia actual: atender la catástrofe humanitaria que ha dejado la guerra en todo el país y buscar una pronta salida al conflicto armado.

Y es que Colombia figura, detrás de Sudán, como el país con mayor número de desplazados por la violencia en el mundo. Datos de la Iglesia católica y de varias organizaciones no gubernamentales estiman que al menos 3 millones de colombianos deambulan por el territorio nacional, víctimas de la guerra interna.

La precaria atención que brinda el Estado a estas personas -en su mayoría mujeres y niños-, la corrupción que ronda los recursos que se destinan nacional e internacionalmente a atender la tragedia, así como la continuación y degradación del conflicto armado interno, hacen temer que si este asunto no pasa a ser prioridad del Estado, Colombia puede estar presenciando el nacimiento de nuevos ejércitos para otras guerras.

Al contrario de lo que sucede con el programa de gobierno del presidente Uribe, las demás campañas políticas atribuyen gran importancia a éste tópico, y al de los derechos humanos en general. Voceros de la campaña del liberal Horacio Serpa y del izquierdista Carlos Gaviria expresaron que ello no podía ser de otra manera "pues el país padece una verdadera crisis en materia de derechos humanos".

El más reciente informe de Amnistía Internacional, revelado la semana pasada en Londres, señala que en 2005 se produjeron en Colombia al menos 100 asesinatos de civiles por la fuerza pública. Naciones Unidas y la gobernación de Antioquia, por su parte, denunciaron que la cuarta brigada del ejército presentó este año como guerrilleros muertos en combate a 29 campesinos.

Al menos 100 militantes de la casi extinta Unión Patriótica, que sufrió el exterminio de 4 mil de sus miembros en los años 80, han sido asesinados durante el gobierno de Uribe. A ello se suman unos 30 crímenes de sindicalistas y frecuentes detenciones masivas, especialmente en el agro, de centenares de campesinos a los que se señala de auxiliar a la guerrilla.

Es en medio de este panorama de derechos humanos que unos 11 millones de los 26 millones habilitados para votar acudirán el domingo a las urnas para elegir (o relegir) al presidente que ocupará la Casa de Nariño hasta 2010.

 
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