La Fundidora: los mineros ayer y hoy
En el vigésimo aniversario del cierre de la Fundidora de Fierro y Acero Monterrey, un grupo de antiguos obreros se apostó en las afueras de su espacio convertido en un parque público para recordar, en tono crítico, el nefasto suceso.
La fecha coincide con un nuevo conflicto del que han resultado dos mineros muertos y numerosos heridos, despedidos y presos a raíz de la explosión de la mina Pasta de Conchos en Coahuila. Este conflicto entre el sindicato minero y el gobierno de Vicente Fox ha sepultado por segunda vez a los 65 mineros que murieron en esa explosión: si hay alguna fuerza informativa que los mencione será sólo por descuido.
Con la clausura de la Fundidora se inició el proceso (mal llamado) de reconversión industrial en la década de los ochentas. Para todo efecto práctico, no fue sino la privatización de empresas nacionales con el argumento de los empresarios privados y de su traductor oficial, el propio Estado, de que éste era un mal administrador. El argumento después sería reforzado por Carlos Salinas de Gortari. El más agresivo de los presidentes neoliberales que ha tenido México consideraba que el Estado era un ente rico cuyos bienes debían pasar a la comunidad pobre. (Ningún ex pobre ha aparecido, como resultado de la largueza salinista, en la lista de Forbes.)
Los más de 10 mil trabajadores que laboraban en la acerera se encontraron, precisamente el 10 de mayo de 1986, con unas puertas inexpugnablemente cerradas. No se volverían a abrir para ellos; tampoco les fueron abiertas puertas alternativas, como habían prometido las autoridades, en alguna otra industria local. Las socorridas listas negras, que han servido a los industriales regiomontanos para excluir de la posibilidad de empleo a quienes consideran individuos descarriados de su catecismo laboral, operaron con toda su contundencia.
Víctimas de una política contraria a la fuerza de trabajo, los obreros de la Fundidora también fueron calumniados. Gracias a la colusión tan reiterada como perversa del gobierno, los empresarios y los medios de comunicación -con Televisa a la cabeza-, a ellos les fue imputado el cierre de la fábrica.
Los obreros son conservadores salvo cuando se expresan como clase. Los de la Fundidora no eran excepción. Se trataba de un gremio disciplinado en lo laboral y en lo sindical. Pero ostentaban con orgullo su condición de obreros y asumían una actitud combativa cuando de defender sus derechos y conquistas se trataba; no sólo: mantenían también un ejemplar espíritu solidario con secciones del mismo gremio, con otros gremios o con grupos populares que sufrían ataques similares a los que hoy son nota cotidiana.
Con el sexenio de López Portillo y la política antisalarial que lo caracterizó, los obreros de la Fundidora fueron uno de los grupos que destacaron con vigor en la lucha del proletariado mexicano por revertir la tendencia que convertía a la quincena en una metáfora de la eternidad.
Prestos estuvieron los obreros de la Fundidora a movilizarse y a generar aportaciones materiales para apoyar, entre otros, a los mineros de La Caridad, sujetos a una de las típicas maniobras patronales para reducir su nivel de calidad de vida y vulnerar sus derechos laborales. Si se quisiera actualizar esa maniobra, bastaría con analizar la que Industrial Minera México (subsidiaria de Grupo México) ha puesto en práctica para golpear a los obreros y empleados de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas; eventualmente dejarlos sin trabajo al hacer efectiva la amenaza de cerrar la mina, y de paso transferir la responsabilidad de lo ocurrido al gobierno perredista que encabeza Amalia García. Una treta más -teñida de intenciones electorales- en alianza con el gobierno de Fox.
Solidaridad semejante mostrarían los mineros de la Fundidora en torno a la prolongada huelga del STUNAM, que fue el primero en enfrentar los llamados topes salariales de ese sexenio. En una reunión de sindicatos universitarios convocada al respecto, Manuel Carranza, uno de los líderes históricos de la sección 67 de mineros (adscrita a la Fundidora) pronunció un discurso que sorprendió por lo que dejaba ver de conocimiento de la vida universitaria. Carranza se revelaba como uno de esos brechtianos obreros que leen.
No sólo el último presidente de la Revolución desplegaba su política en contra del salario, también lo hacía en contra de las demás condiciones de subsistencia de la mayoría. A pocas semanas de haber llegado a la Presidencia, López Portillo se propuso volcar los costos de la crisis con que culminó el anterior gobierno sobre el poder adquisitivo de la población de menores ingresos. Esa política se manifestó en el área metropolitana de Monterrey elevando las tarifas de energía eléctrica y gas en 88 por ciento. La respuesta de los sectores afectados fue inmediata. Se conformó el Frente de Defensa de la Economía Popular, en el cual participaban varias organizaciones sociales, entre las que destacaban el Frente Popular Tierra y Libertad, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, desde luego, la sección 67 de mineros. Mediante su movilización, el frente logró que el aumento de las tarifas se redujera en 50 por ciento.
Se antoja otra actualización. Privatizado el servicio de distribución del gas, hoy no sólo la población que lo emplea para uso doméstico, sino los industriales que lo utilizan en diversos procesos de transformación, sufren las alzas injustificadas en el precio que impone Gas Natural México, empresa monopólica de capital español. En los setentas, los industriales de Monterrey no dijeron esta boca es mía, pues a ellos el gobierno -proteccionista- les fijaba un precio menor. Ahora también se inconforman, solidarizándose con ellos mismos, por la racionalidad del capitalismo neoliberal del que han sido vehementes promotores.
Los ex obreros de la Fundidora han hecho un claro deslinde de responsabilidades, que a veces omiten algunos periodistas conspicuos en sintonía con el gobierno foxista, respecto a la situación que se vive dentro del sindicato minero. En un comunicado dado a conocer a la prensa señalan la responsabilidad conjunta del gobierno federal, de la dirección del sindicato y de la empresa en la explosión de Pasta de Conchos. Piden que sea aplicada la ley en el caso del líder Napoleón Gómez Urrutia. Pero rechazan la intromisión del gobierno federal en la vida interna del sindicato minero y condenan su agresión violenta para imponer, como lo pretende en ésta su primer intentona charra, a una dirección espuria.
En ese mismo comunicado apelan a la democracia sindical como vía para impedir los fenómenos de caciquismo y corrupción que han lacrado al movimiento de los trabajadores en México. E insinúan la necesidad de que exista un órgano equivalente al IFE para garantizar la elección democrática de los dirigentes sindicales. Reflexiones como éstas, por cierto, han estado ausentes de las campañas electorales.
En el Parque Fundidora se ha dado espacio a diversas actividades empresariales, recreativas, deportivas, artísticas, turísticas. La ingratitud y un espíritu clasista han impedido que allí sea recogido el espíritu y la memoria de los obreros que hicieron posible la existencia productiva de la que fuera en su tiempo la siderúrgica más importante de América Latina. Por supuesto, nunca será tarde para ello.