Atenco
A medida que pasan los días, las dimensiones de abuso de autoridad por parte de las policías estatal y federal, cometidos en el pueblo de San Salvador Atenco, generan estupor e indignación evocando la brutalidad de tiempos supuestamente superados.
De confirmarse los hechos denunciados por las dos ciudadanas españolas, sobre la detención y transporte en un camión de 40 hombres y mujeres que fueron amarrados, privados de la visión, golpeados, amenazados, y las mujeres ultrajadas sexualmente, por el solo hecho de encontrarse probablemente durmiendo en algunas de las muchas viviendas allanadas, estaríamos enfrentando una situación sólo comparable a lo ocurrido durante el conflicto de 1968.
¿Qué posible justificación puede tener este tipo de violencia criminal realizada por los elementos policiacos? Absolutamente ninguna. Todos los servidores públicos que participaron en estos hechos vergonzosos, o que simplemente los presenciaron sin oponerse a ellos deben ser separados de sus cargos y ser sujetos a los juicios correspondientes. La seguridad no puede estar en manos de enfermos mentales capaces de exhibir, o de permitir tales comportamientos.
La responsabilidad de los jefes de esas corporaciones tampoco se puede soslayar. ¿Qué órdenes dieron que pudieron derivar en esos actos de barbarie? ¿Qué tipo de entrenamientos bestiales proporcionan a sus subalternos? ¿A qué programas de capacitación los someten? ¿Cuáles son los criterios de selección de personal que utilizan?
Las conductas en que incurrieron dañaron a la sociedad a la que supuestamente sirven. Debieran por ello ser removidos de sus cargos y sometidos a juicio, en cuanto las denuncias mencionadas se confirmen. México no puede ser, ni convertirse en un país de gorilas, tampoco puede darse el lujo de que tales sujetos sigan acrecentando las dimensiones del conflicto que debiera haber sido resuelto mediante el diálogo.
La responsabilidad del gobernador Enrique Peña Nieto y de su secretario de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, tampoco pueden ignorarse, su referencia a los campesinos de Atenco como criminales, acusándolos de intentos de secuestro de funcionarios públicos, además de otros delitos, no ante la justicia, sino ante los medios de comunicación, no tuvieron una finalidad diferente que la de crear y justificar el escenario de violencia que ordenarían horas después.
Por el bien y la tranquilidad de México, es claro que el gobernador del estado de México debiera renunciar o ser también removido de su cargo ante su incapacidad manifiesta para asegurar la tranquilidad y la prevalencia del estado de derecho en su entidad, antes de que el conflicto tome dimensiones mayores.
Por su parte, el presidente de la República debiera actuar con serenidad no dejándose llevar por la desinformación y la justificación de la violencia que le puedan hacer llegar gentes cercanas a él. No hacerlo así, lo llevaría a sumir al país en otro tipo de problemas adicionales a los que ya tenemos.
He oído y leído en algunos medios de comunicación que los líderes del movimiento campesino de Atenco constituyen un grupo violento que ha alterado la paz de los habitantes del lugar, con amenazas y sujetándolos a procesos de extorsión. Ignoro qué tanto de cierto hay en ello, pero de serlo, me pregunto por qué no habían sido arrestados ante tales denuncias, antes de llegar a situaciones como el cierre de la carretera que dio lugar a los enfrentamientos.
En este sentido, el asunto de Atenco empieza a parecerse al conflicto de los mineros, cuyo líder ha sido desconocido, perseguido y denostado por el gobierno, luego de la tragedia en Coahuila, cuando anteriormente se le trataba con cortesía y reconocimiento por parte del gobierno.
Concluyo este artículo, estableciendo una relación que no puede ser ignorada, entre los hechos aquí señalados y las evidencias manifiestas de las deficiencias del Sistema Educativo Nacional, que parece no dar importancia a la ética.
México sería distinto, y los hechos comentados aquí, simplemente no tendrían posibilidad de ocurrir, si la educación recibida incluyera el reconocimiento formal de los derechos humanos.