Editorial
Del agravio al escándalo
Las autoridades mexicanas se encuentran ya en medio de un escándalo con repercusiones internacionales por las masivas violaciones a los derechos humanos que vienen perpetrándose desde hace una semana en el contexto de la desmedida represión contra habitantes de San Salvador Atenco. Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Nacional de Comunicación Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Red Todos los Derechos para Todos y la organización Sin Fronteras, entre otros organismos públicos, sociales e internacionales, han documentado las atrocidades cometidas por efectivos policiales federales, estatales y municipales, así como los atropellos perpetrados contra los detenidos por personal carcelario de los penales de Santiaguito y La Palma, empleados de la procuraduría mexiquense, elementos del Instituto Nacional de Migración, y acaso también por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional quienes, al parecer, participaron en los interrogatorios efectuados a algunas de las víctimas. El clamor que exige investigar y sancionar a los responsables materiales, intelectuales y políticos de la barbarie represiva se ha extendido a diversos ámbitos de la sociedad: organismos humanitarios, universidades, legisladores de ambas cámaras, ciudadanos y hasta medios informativos que hasta hace unos días festinaban el "restablecimiento del orden" en Atenco.
Mientras se consolidan y extienden los datos de las agresiones de la fuerza pública, el pretendido sustento legal del operativo termina de disolverse. Las fuerzas gubernamentales detuvieron a más de 200 ciudadanos, golpearon salvajemente a casi todos, con medio centenar de casos de lesiones graves y hasta críticas, agredieron sexualmente a 23 personas cifra documentada hasta ahora y expulsaron arbitrariamente del territorio nacional a cinco extranjeros. A la postre, formularon imputaciones penales contra 189 individuos.
Ayer, el juez que ve el caso absolvió a 17 de ellos por falta de pruebas y decretó la libertad bajo caución para otros 144, que quedan acusados únicamente del delito no grave de ataque a las vías generales de comunicación. Los 28 restantes recibieron auto de formal prisión por el delito de secuestro equiparado, supuestamente cometido en febrero y abril, cuando el movimiento de los atenquenses retuvo por unas horas a funcionarios estatales. A ninguno de los 189 se le pudo acreditar el cargo de delincuencia organizada. Por su parte, las dependencias federales supuestamente involucradas en las acusaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Policía Federal Preventiva y la Procuraduría General de la República (PGR), parecen haberse lavado las manos y han brillado por su ausencia en el juzgado mexiquense. La PGR ni siquiera estaba al tanto de las denuncias presentadas en sus propias oficinas por la CNDH por las violaciones y ataques sexuales perpetrados por efectivos policiales durante el traslado de los detenidos.
Los datos anteriores ilustran una desproporción pocas veces vista en la de por sí distorsionada procuración de justicia en el país, y hablan de un acto gubernamental ajeno a esa tarea e impulsado, en cambio, por un designio delictivo de escarmentar, aterrorizar y castigar a un movimiento social y a sus integrantes. Independientemente de la opinión que pueda tenerse sobre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (y sus métodos, resulta inadmisible que los organismos del Estado ordenen agresiones generalizadas y graves contra la población con el pretexto de neutralizar a los macheteros y que, ante el saldo de desastre y el panorama de violaciones a los derechos humanos dejados por las acciones oficiales, las autoridades pretendan esconder la cabeza en "procedimientos administrativos", maniobras evasivas y desganados reconocimientos de que "pudo haber habido" excesos policiales.
Las autoridades están rebasadas, en lo legal y en lo político, y son incapaces de manejar las consecuencias del agravio que cometieron. Es hora de que los gobiernos de Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y el munícipe de Texcoco se den por enterados del escándalo en cuyo centro se encuentran. La brutalidad represiva no puede perdonarse ni archivarse. Las autoridades que la propiciaron y la toleraron deben enfrentar sus responsabilidades.