Desproporcionada, la respuesta policiaca, acusa el abogado de los campesinos

El gobierno "se cobró" el fracaso de su proyecto de aeropuerto alterno

Autoridades violan garantías en Santiaguito; los detenidos permanecen incomunicados

EMIR OLIVARES Y BLANCHE PETRICH

Las "fuerzas obscuras" que provocaron la violencia en las cercanías de Texcoco este miércoles no son las que se mueven en el ámbito de la organización campesina de San Salvador Atenco sino en los centros de decisión de los gobiernos federal y del estado de México. "Desde que la movilización popular frustró el proyecto del aeropuerto internacional para defender sus tierras, hace tres años, estaba pendiente un ajuste de cuentas por parte de quienes, dentro de los círculos del presidente Vicente Fox y el ex gobernador Arturo Montiel, perdieron negocios por muchos miles de millones de dólares. Estos intereses afectados no iban a perdonar a los campesinos. Y el miércoles se la cobraron", sostiene el abogado Leonel Rivera, representante legal desde 2003 del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco.

Rivera, quien permaneció en el centro de San Salvador Atenco negociando la entrada de ambulancias y la entrega de policías retenidos por la población hasta las cuatro de la madrugada de este jueves, insiste en que los dirigentes del frente atenquense procuraron en todo momento manejar la crisis dentro de los marcos de un acuerdo político suscrito en agosto de 2003 entre los campesinos y las autoridades mexiquense y federal. Ese acuerdo reconoce a la organización que dirige Ignacio del Valle como interlocutora en una docena de mesas de trabajo para la promoción del desarrollo regional, que incluye, además de San Salvador, a Texcoco y Chiconcuac. En esa calidad participaron en los hechos que se suscitaron en el mercado de Texcoco.

Durante las negociaciones nocturnas, en las que participó el funcionario de la Secretaría de Gobernación Ismael Urzúa, los dirigentes del Frente insistieron en la incorporación del secretario general de Gobierno Humberto Benítez Treviño, quien no respondió a la petición. "Y es que, para ellos, la represión violenta es la única vía de solución. Es la firma de la casa", agregó el jurista. "Solo así se explica la desproporción de la respuesta de las corporaciones policiacas."

Para el litigante, la violencia con la que los atenquenses repelieron la acción policiaca fue una medida de autodefensa. Y apuntó a que los medios electrónicos no reflejan cabalmente esa realidad debido al sesgo con el que manejan la información y las imágenes, donde se da mayor relieve a los momentos en que los pobladores contratacan a los agresores que a los episodios de la agresión misma. "¿Quién rompió el acuerdo de diálogo político? ¿Quién generó la violencia? ¿Quién mató e hirió? ¿De qué lado están los adolescentes que fueron víctimas, incluido el niño de 14 años?", se pregunta el litigante.

Señaló que aunque de momento el Frente está abocado a defender a sus detenidos, la organización ya demandó el esclarecimiento de estos hechos. Y para ello, dijo, deberá abrirse una averiguación para establecer la causa de la muerte de Javier Cortés para proceder en contra de los responsables; lo mismo contra quienes hirieron de bala a los que resultaron lesionados en el choque.

Por lo pronto, Leonel Rivera llamó la atención sobre la indefensión de la población en Atenco. "Aunque el discurso oficial señala que es un pequeño grupúsculo el violento, durante 12 horas, el día de ayer, ocupó calles, sitió la comunidad, suspendió garantías individuales, allanó viviendas sin orden de cateo y detuvo a sospechosos afectando al 100 por ciento de la población".

Especial peligro corre, advirtió, la familia del líder Ignacio del Valle. Su hija América del Valle tiene una orden de aprehensión pendiente y puede ser arrestada no solo por autoridades mexiquenses sino por cualquier otra corporación. La noche del miércoles el resto de la familia del Valle tuvo que salir del pueblo para buscar refugio.

Bárbara Zamora, a la defensa

Por su parte, la defensora Bárbara Zamora, que asumió la representación legal de los detenidos en Atenco y Texcoco, retenidos en el Cereso de Santiaguito, declaró que las autoridades del estado de México violaron sus garantías constitucionales, ya que no les permitieron declarar en presencia de una persona de su confianza. Agregó que hasta ayer habían mantenido incomunicados a los más de 100 detenidos por los enfrentamientos en territorio mexiquense.

La litigante señaló como responsables de las "violaciones flagrantes" a las garantías constitucionales de los atenquenses al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al procurador de la entidad, Abel Villicaña; y al director del penal de Santiaguito, Irineo Monroy Dávila.

Dijo que está dispuesta a asesorar y defender a los inculpados tras los acontecimientos suscitados, ya que las personas de San Salvador Atenco fueron detenidas "de forma irregular", además de que la situación de la mayoría es incierta, puesto que hasta el cierre de esta edición no se conocía a qué juzgados podrían consignar sus expedientes. Aseveró que aunque ya entraron médicos legistas a revisar la situación de los detenidos, los representantes legales y familiares de los aprehendidos desconocerán los resultados porque no se realizaron frente a un abogado de confianza.

Hasta el cierre de esta edición, la abogada Zamora se encontraba en el interior del penal de Santiaguito, debido a que los pobladores de Atenco aceptaron su asesoría jurídica.