Editorial
La hipótesis de la subversión
"Pequeño grupo violento''; "células"; "acción orquestada"; con esas expresiones los gobiernos federal y mexiquense echan mano de la lógica conspirativa para justificar la infinita torpeza, la nula sensibilidad política y la falta de sentido con que han venido actuando en el oriente del estado de México. Ahora las autoridades acompañadas por su orquesta de fieles medios informativos que medran con el escándalo y la distorsión de las cosas atribuyen la violencia que se desató entre el miércoles y la mañana de ayer en Texcoco y San Salvador Atenco a un designio subversivo. Tales alegatos en cuyo espíritu coincidieron desde el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar Valenzuela, y su jefe, el presidente Vicente Fox, hasta el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto constituyen un insulto a la inteligencia: la cólera popular, de acuerdo con todos los registros noticiosos, fue incubada por un pésimo manejo político del gobierno municipal de Texcoco, se desarrolló por un operativo violento y torpe para desalojar del mercado de esa localidad a un puñado de vendedores de flores, y se magnificó por la descoordinación, la ineptitud y la falta de dirección de autoridades estatales y federales, fallas que condujeron a un uso de la fuerza pública excesivo, caótico e infructuoso.
Pero si, como pretenden presentarlo los gobernantes nacionales y estatales, los graves enfrentamientos hubiesen sido provocados por "un pequeño grupo violento", ello sería indicativo de una incapacidad oficial incluso más vasta que la exhibida a lo largo del miércoles: se estaría admitiendo, de esta manera, que los órganos de inteligencia y seguridad nacional del Estado fueron incapaces de prever un designio sedicioso y de anticiparse al supuesto propósito de provocar violencia.
Si así hubiera sido, la escala de la ingobernabilidad sería, entonces, mucho más grave de lo que se piensa. No obstante, Aguilar Valenzuela negó con vehemencia que el país se encuentre en tal ingobernabilidad. Cabe preguntarse qué otro nombre se puede dar a una circunstancia en la que un intento de desalojo de comerciantes en un mercado municipal genera una confrontación con un muerto, decenas de heridos, centenas de detenidos, un gigantesco caos por numerosos bloqueos viales y una confrontación que cimbra al país y que le da la vuelta al mundo.
El discurso oficial mencionado, con todas sus incoherencias, no parece destinado ni siquiera a salvar la cara de equipos de gobierno que viven en la Luna o, cuando menos, de espaldas al país. Da la impresión, más bien, que se trata de una coartada para justificar de antemano el recurso discrecional a falta de otros a la fuerza pública y a la represión. Es significativo, en todo caso, que las derechas de los más diversos signos dirigentes empresariales, el obispo Onésimo Cepeda, Roberto Madrazo, por ejemplo se regocijen, en el momento actual, con consignas como "mano dura", "todo el peso de la ley" y "defensa del orden público".
Por lo pronto, en el operativo lanzado en San Salvador Atenco desde la madrugada de ayer, la brutalidad policial se abatió sobre decenas de pobladores hombres y mujeres que fueron severamente apaleados y pateados por efectivos policiales, en lo que constituyó una clara muestra de venganza por las agresiones también injustificables y condenables que varios agentes del orden sufrieron la víspera a manos de los inconformes. A esa brutalidad se sumó el exceso de recluir al dirigente local Ignacio del Valle en el penal de alta seguridad de La Palma, en Almoloya de Juárez, y el absurdo de consignarlo por una causa penal que data de febrero pasado y que, curiosamente, no había sido activada.
Hay signos alarmantes de que este gobierno, abatido por sus propias ineptitudes, su ceguera y su arrogancia, se dispone a alcanzar su término montado en políticas represivas y autoritarias. Esa tendencia empezó en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y siguió en Texcoco-Atenco. Es obligado preguntarse: ¿qué sigue?