La policía ministerial se negó a cumplir un embargo a un invernadero estatal
Incurre el gobernador de SLP en desacato a una orden judicial
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Colaboradores de un juzgado federal en San Luis Potosí tratan de ingresar a las instalaciones del invernadero de Santa Rita, en un fallido intento de concretar un embargo a la empresa, propiedad del gobierno potosino
Foto: Aarón Cadena
Rioverde, SLP, 26 de abril. La administración que encabeza el gobernador panista Marcelo de los Santos Fraga incurrió en desacato a una orden emitida por un juzgado federal, luego de que elementos de la policía ministerial del estado se retiraron de una diligencia de embargo de bienes de los Invernaderos Santa Rita SA -compañía propiedad del gobierno estatal-, por un adeudo de 3 millones de pesos con el empresario Carlos Zarzosa Jiménez.
Elementos ministeriales, que fueron requeridos por el juzgado segundo mixto de primera instancia para que proporcionaran auxilio al actuario Desiderio Sandate Quistián en el embargo de maquinaria de los invernaderos, se retiraron sin dar explicaciones, a partir de órdenes que emitió el titular de la policía ministerial para la zona media del estado, José Manuel Ruvalcaba, quien argumentó "fallas en el procedimiento".
El actuario pretendía concretar una sentencia dictada por el juzgado segundo de distrito, en la cual se le concedía a Zarzosa Jiménez el embargo de dos máquinas seleccionadoras y dos empacadoras de tomate, debido a que desde 2001 los invernaderos se han negado a pagar un adeudo de 3 millones de pesos por servicios de soldadura prestados durante la construcción del proyecto.
Ante la situación, Sandate Quistián acusó a la policía ministerial de desacato y anunció que busca concretar el embargo.
Santa Rita fue diseñado en el gobierno de Fernando Silva Nieto como un huerto de alta tecnología para cultivar tomates y pimientos con calidad de exportación. El proyecto fue vendido a la empresa privada Natural Valley, que por problemas de pago entró en conflicto con la administración estatal.
El gobernador De los Santos Fraga decretó la expropiación de los huertos en diciembre de 2003.