Ampliarán el juicio sobre la llamada Operación Colombo
Aprueba Corte chilena otro desafuero contra Pinochet
Santiago, 21 de abril. La Corte Suprema chilena aprobó hoy un nuevo desafuero contra Augusto Pinochet para ampliar el juicio a que se halla sometido en el caso de los crímenes de la llamada Operación Colombo, en una audiencia en que el pleno se pronunció por 10 votos en favor y cinco en contra.
El ex dictador ya había perdido su fuero el pasado 14 de septiembre en relación a 15 de las víctimas del citado plan, y ahora el tribunal extendió el desafuero en relación a otros 37 desaparecidos del mismo caso, referente a una matanza de 119 opositores políticos en total que efectuaron agentes de la pasada dictadura entre 1974 y 1975.
El juez Víctor Montiglio, que se ocupó del proceso luego del primer desafuero, mantuvo a Pinochet bajo arresto domiciliario durante seis semanas desde el 23 de noviembre pasado y lo obligó a que fuera fichado con la toma de huellas dactilares y fotografías. Ahora, tras la nueva decisión de la Corte, el juez podrá ampliar el proceso.
No obstante, Montiglio es también el mismo magistrado que la semana pasada liberó a tres militares acusados de asesinatos, al beneficiarlos con una antigua ley de amnistía que Pinochet dictó en abril de 1978. Además, en esa oportunidad exoneró al ex general Sergio Arellano Stark, el jefe de la masacre de la caravana de la muerte.
En tanto, en una nueva determinación que muestra la profunda división entre los jueces que siguen apegados a la dictadura y aquellos que intentan impartir justicia, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el dictamen del magistrado especial Juan Fuentes Beldar, quien transformó una siniestra maniobra para desaparecer los cuerpos de detenidos en "infracción al Código Sanitario".
Sobre tal base, el juez aplicó la prescripción de sus delitos a cuatro de los nueve acusados de haber participado en las exhumaciones ilegales de detenidos desaparecidos, ocurridas al interior del regimiento Peldehue en 1978.
La Corte apeló a la legislación internacional suscrita por Chile. Advirtió que "el juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, sean imprescriptibles o no puedan ser amnistiados". Los hechos, subrayó, se ubican en un contexto.
La remoción de los cuerpos es el último eslabón de una cadena de acciones que se inició con la detención de un grupo de personas en La Moneda, tras el desesperado combate contra los militares golpistas de Salvador Allende y los suyos, el 11 de septiembre de 1973.
En este proceso, el magistrado Fuentes investigaba la suerte corrida por las personas ejecutadas en aquella fecha, tras ser sacadas del palacio de La Moneda en llamas. Después de ser enterrados clandestinamente en diversos regimientos, los cuerpos de los ejecutados fueron removidos de sus tumbas, en el marco de lo que los servicios secretos de la dictadura de Augusto Pinochet, con macabro humor, llamaron "operación retiro de televisores".
En su resolución, Fuentes consideró que exhumar los cuerpos de los prisioneros de La Moneda en Peldehue para arrojarlos al mar desde helicópteros, no podía ser considerado delito de lesa humanidad porque a su juicio sólo constituían una infracción al Código Sanitario, y por lo tanto las sanciones eran menores.
En esa oportunidad, el magistrado absolvió al ex comandante del Comando de Aviación del Ejército, el general jubilado José Darrigrandi, y a los antiguos militares Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar e Isidro Durán Muñoz, cuyas defensas demandaron el beneficio.
Sin embargo, tras la decisión del tribunal de alzada, todos ellos deberán ser procesados.