Exhibirán datos sobre propiedades de funcionarios
Ordenan difunfir expediente sobre enriquecimiento ilícito de Montiel
En sesión plenaria, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) desclasificar la indagatoria integrada en contra de Arturo Montiel Rojas, Carlos Rello Lara y Miguel Sámano por el presunto delito de recursos de procedencia ilícita, y por unanimidad determinó la publicitación del expediente de la investigación referida, integrada en siete tomos.
Por razones de orden práctico, el IFAI instruyó a la procuraduría la entrega inmediata de una versión pública del dictamen donde concluye el no ejercicio de la acción penal, aunque deberá dar acceso a cada uno de los tomos que integran la averiguación si así lo requiere el solicitante. En este caso se protegen los datos personales confidenciales, como cuentas bancarias, domicilios, bienes patrimoniales de los involucrados, testigos y terceros responsables.
Por lo que corresponde a información solicitada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el IFAI determinó por primera ocasión hacer público el número y volumen de los escrituras de los bienes de los funcionarios en los registros públicos, siempre y cuando estén considerados en el Análisis de Evolución Patrimonial que elabora la SFP.
Con la publicidad de ese dato registral, por primera ocasión se dispondrá de la "llave" que da acceso al conocimiento de los bienes patrimoniales de los funcionarios del gobierno federal.
Sin embargo, en respuesta a la petición ciudadana sobre las declaraciones y evoluciones patrimoniales de 21 funcionarios, sólo se aprobó la entrega del análisis efectuado al patrimonio de Juan Bueno Torio, ex director de Pemex Exploración y Refinación, por ser el único concluido a la fecha.
Se negó información de las declaraciones de los funcionarios, gobernadores y políticos siguientes: Roberto Anaya Moreno, Pedro Cerisola Weber, Josefina Vázquez Mota, Luis Ramírez Corzo, Rogelio Sada Zambrano, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, Alfredo Elías Ayub, Eduardo Romero Ramos, Francisco Gil Díaz, José Guzmán Montalvo, Magdalena Carral Cuevas, Mauricio Gándara Gallardo, Pablo Salazar Mendiguchía, Amalia García, Ricardo Monreal Avila, Fernando Elizondo Barragán, Fernando Ramos Casas y Jorge Nordhausen González.
De éstos, 15 de ellos se negaron a entregar su declaración patrimonial, amparados en el artículo 40, párrafo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y aunque cinco funcionarios autorizaron hacer pública su declaración, dos casos están aún en proceso de análisis por parte de la SFP.
Los nombres de los funcionarios y políticos no se especificaron en el proyecto de resolución número 0048/06, a cargo de María Marván Laborde, a cuyo voto en favor de la resolución se sumaron Alonso Lujambio y Alonso Gómez Robledo.
Como en otras ocasiones, emitió en solitario un voto disidente Juan Pablo Guerrero, quien se manifestó por la entrega de una copia de las escrituras de los bienes patrimoniales de los servidores públicos, integradas a los expedientes que obran en poder de la SFP, responsable del análisis referido. En la discusión de este caso que se dejó casi al final de la sesión, estuvo ausente el comisionado Horacio Aguilar Alvarez.
Guerrero Amparán solicitó que se dejara consigna de su voto disidente en la resolución, luego de que convenció a sus colegas de eliminar la clasificación que la SFP había hecho de datos públicos como el sexo, edad y lugar de nacimiento de los funcionarios públicos.
Lujambio demandó también que se consignara un voto particular que expresara su desacuerdo con la difusión del dato registral de los bienes inmuebles de los servidores públicos.
Ambos recursos de revisión fueron discutidos en una polémica sesión en la que los comisionados del IFAI invirtieron más de dos horas de fuerte debate para cada caso.