Es un paso importante, pero faltan regulaciones: defensor de derechos humanos
Elogia el IFAI decisión de legisladores sobre resguardo del secreto profesional
Esto evitará que los comunicadores tengan que defenderse en tribunales, dice Cortez
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y organismos civiles de defensa de los derechos humanos se congratularon con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la despenalización de los delitos de injuria, difamación y calumnia en torno a las actividades periodísticas, así como el resguardo del secreto profesional y reserva de información.
Juan Pablo Guerrero Amparán, comisionado del IFAI, indicó que son halagüeñas todas aquellas decisiones que garanticen el libre ejercicio de la actividad periodística, el derecho a la información, así como la investigación y la denuncia, como resultado de las indagaciones de los reporteros.
Por su lado, el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos, Edgar Cortez, expresó que con este importante paso se homologa el marco jurídico federal con los estándares internacionales en la materia. Además, festejó que con las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados al Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal se dé respuesta a la demanda concreta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de los organismos civiles respectivos.
Sin embargo, precisó que aún faltan las modificaciones jurídicas que corresponden a los estados de la República Mexicana, en donde aún no se salvaguarda el secreto profesional y se dan casos graves de penalización de informadores por los delitos arriba descritos.
Cabe destacar que el secreto profesional incluye a abogados, consultores médicos, ministros de culto y comunicadores.
La trascendencia de estas reformas, comentó Cortez, radica en que a partir de ahora "se evita que los periodistas tengan que estar defendiéndose en los tribunales penales, así como el riesgo de ser llevados a la cárcel y la amenaza al derecho a la información".
Cortez manifestó confianza en que estas reformas se traduzcan en la creación de mejores condiciones para el ejercicio informativo y que al mismo tiempo se garantice el derecho ciudadano a la información, como el escrutinio abierto de personajes que ejercen algún cargo de poder y de carácter público, entre quienes "siempre hay alguna intención de impedir que determinada información se conozca".
Para ubicar la importancia de esta decisión, el representante de Todos los Derechos para Todos recordó el repunte registrado en años recientes de casos de amenazas, hostigamiento y homicidios de periodistas e informadores, tanto por personajes vinculados al poder público -como el ejemplo de la periodista y activista Lydia Cacho- como por la delincuencia organizada. De este último aspecto, dijo que todavía está pendiente que el Estado cumpla eficazmente con las investigaciones relacionadas con homicidios y amenazas contra periodistas por delincuentes y el narcotráfico.