Editorial
Campañas: degradación general
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó ayer por amplia mayoría (nueve votos contra dos) el fallo emitido el pasado 24 de febrero por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, que prohíbe a la Presidencia de la República la difusión de espots "con fines de promoción de la imagen institucional, incluida la del titular del Ejecutivo federal", determinación que responde a una controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados. Como se recordará, el asesor jurídico de Los Pinos, Juan de Dios Castro, promovió un recurso en el que pedía al pleno del máximo tribunal la revocación del fallo referido, petición que fue desechada ayer.
El episodio podría ser considerado saludable desde la perspectiva del espíritu republicano y el principio de división de poderes, de no ser porque el gobierno foxista, aprovechando los márgenes de ambigüedad de la sentencia, ha seguido realizando una desbocada exaltación de sus supuestos logros sociales, en lo que constituye una campaña de propaganda de indudable tono electorero en apoyo del candidato oficialista, Felipe Calderón Hinojosa.
En efecto, Los Pinos eliminó la figura del presidente Vicente Fox de los anuncios señalados, pero los guiones siguieron siendo los mismos, al igual que los lemas publicitarios "México ya cambió" y "México será mejor que ayer", consignas que el propio Calderón Hinojosa ha repetido en sus mítines del 11 de febrero en Guanajuato y del 22 de marzo en Torreón, por citar sólo dos.
Se trata, en consecuencia, de un acto de simulación, en el que el acatamiento parcial de las disposiciones legales encubre el incumplimiento palmario del espíritu de diversas normas, tanto legales como éticas, que prohíben o desaconsejan que el presidente en turno se inmiscuya, en sentido positivo o negativo, en las campañas electorales de quienes aspiran a sucederlo.
En esta perspectiva, las cápsulas presidenciales constituyen una falta menor. Mucho más grave es la insistencia de Fox en descalificar de forma sistemática a uno de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Por el Bien de Todos y su determinación de participar en la campaña que busca movilizar el voto del miedo contra el ex jefe del Gobierno capitalino.
Desde luego, la falta de escrúpulos no se diga de buenas costumbres democráticas no es exclusiva del Ejecutivo federal. En el proceso en curso para renovar autoridades, todos los actores, esto es, partidos, candidatos y gobiernos, han dado muestras de una desoladora falta de civilidad y una facilidad pasmosa para eludir la confrontación de propuestas y recurrir, en cambio, a las guerras de lodo.
Tal es el caso de Roberto Madrazo Pintado, quien logró imponerse dentro de su propio partido mediante las artimañas más sucias del catálogo tradicional de las cloacas priístas, y quien ya como aspirante formal, en vez de formular propuestas mínimamente serias de gobierno, ha dedicado sus energías a denostar a sus rivales.
Otro tanto ocurre con el abanderado blanquiazul, quien ha buscado aliviar su falta de carisma con ataques demagógicos y hasta delirantes contra López Obrador, como la insidiosa comparación entre su rival, que se mantiene puntero en las encuestas, y el presidente venezolano Hugo Chávez.
Ambos, Madrazo y Calderón, han sido partícipes y presuntos beneficiarios del vergonzoso despojo a la nación perpetrado por el Poder Legislativo, el cual acaba de aprobar las reformas legales a las leyes de Radio y Televisión y de Comunicaciones, iniciativas que favorecen de manera descarada al duopolio formado por Televisa y Tv Azteca, y que colocan en situación desesperada al resto de los medios electrónicos privados, públicos, sociales, culturales y educativos.
López Obrador, por su parte, no ha sido ajeno a la degradación del nivel político y ha porfiado en descalificaciones al Presidente de la República la expresión "cállate, chachalaca", es un ejemplo que rezuman intolerancia y vulgaridad.
En este preocupante escenario, para colmo, el Instituto Federal Electoral exhibe debilidad y falta de autoridad; el Poder Judicial emite, como ya se dijo, sentencias deliberadamente ambiguas, y el Legislativo sucumbe a los intereses corporativos o la ineptitud de sus integrantes. En tales circunstancias, la clase política no tendrá motivos para culpar a la ciudadanía si ésta, en julio próximo, emite un veredicto implacable sobre el nivel de la vida republicana y la mayoría de electores decide no tomarse la molestia de asistir a las urnas.
Sería lamentable y alarmante, pero no demasiado sorprendente.