Editorial
El Congreso de la Televisión
Por voto mayoritario de sus dos terceras partes, el Senado de la República consumó ayer el despojo a la nación que iniciaron los diputados por unanimidad en los últimos días del año pasado, al aprobar unas reformas a las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones que regalan la mayor parte del espectro radioeléctrico al duopolio conformado por Televisa y Tv Azteca y marginan de las telecomunicaciones y de la conversión digital al resto de la sociedad. El vergonzoso episodio comenzado en el Palacio de San Lázaro en el que las fracciones perredista y petista desempeñaron un papel particularmente exasperante, habida cuenta de que votaron en sentido exactamente contrario al del discurso de sus respectivos partidos culminó ayer en la casona de Xicoténcatl, en una sesión no menos deprimente, en la que senadores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional impusieron, sin argumentos, la fuerza de su mayoría.
De nada valieron los razonamientos de los legisladores priístas, panistas y perredistas Javier Corral, Manuel Bartlett, César Ojeda y Dulce María Sauri, entre ellos que desmenuzaron en tribuna el carácter oligárquico, excluyente, entreguista y claudicador de las reformas legales finalmente aprobadas; poco eco tuvieron las advertencias sobre el inaceptable sometimiento de las instituciones constitucionales a los poderes fácticos empresariales; no hubo forma de disuadir a quienes entraron al recinto legislativo con el designio de aprobar un atropello contra su propia dignidad, contra el país, contra el interés común, contra la diversidad, contra la libertad de expresión y contra las finanzas públicas.
Los senadores televisivos que se atrevieron a subir a tribuna Héctor Larios, incapaz de pronunciar correctamente el término megahercio; Emilio Gamboa, Diego Fernández y Fauzi Hamdan, entre otros no tuvieron más barruntos de argumento que referirse a la obsolescencia de las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones en sus modalidades actuales; asegurar que Televisa y Tv Azteca no se verán beneficiadas con las disposiciones a discusión, y argüir que la iniciativa a votar había sido el único resultado posible del trabajo legislativo. En suma: no necesitaron de ningún poder de razonamiento, porque los intereses empresariales a los que sirven ya habían ejercido de antemano su enorme poder de compra.
De este desastre legislativo puede colegirse que las corporaciones mediáticas mexicanas no requieren de un Fernando Collor o de un Silvio Berlusconi para emprender el asalto al poder institucional; les basta, para tal efecto, con los legisladores a su servicio, quienes conforman nada menos que la totalidad de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. Por decisión mayoritaria de sus integrantes, el Congreso de la Unión dejó de serlo: a la presente legislatura habrá que denominarla, en el tiempo que le queda, el Congreso de la Televisión. Si a ello se suma la Presidencia foxista, declaradamente empresarial, y una Suprema Corte de Justicia que falla regularmente a favor de los intereses privados, en detrimento de los públicos y sociales recuérdense, por ejemplo, la sentencia favorable al anatocismo, el caso del Paraje San Juan y la sistemática protección otorgada por el Poder Judicial a los bancos beneficiarios del Fobaproa, se obtiene un cuadro en el que el poder político se ha convertido en una confluencia político-empresarial que opera al margen de los señalamientos constitucionales.
Queda ahora esperar que la movilización social generada por este despojo a la nación se multiplique y se oriente a exigir que el Ejecutivo federal, así esté conformado por mentalidades gerenciales y adeptas a Televisa y Tv Azteca, detenga la promulgación de las reformas.