Incumple el Estado obligación de dar seguridad, acusa

Riesgo de ingobernabilidad en el país, alerta la CNDH

Analiza nueva queja sobre feminicidios en Juárez ante negligencia de autoridades en el caso, dice a legisladores

VICTOR BALLINAS Y ENRIQUE MENDEZ

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, advirtió ayer que ante el grave problema de inseguridad pública que se vive en el país, podría haber ingobernabilidad ante la omisión del Estado en el cumplimiento de su obligación fundamental de proporcionar seguridad, lo cual "nos remitiría a vivir una época como la que se vivió en Chicago en los años 20".

Un ejemplo de ello, abundó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entrevistado en la Cámara de Diputados, es que se ha incrementado el número de ciudadanos que recurren a formas de hacerse justicia por propia mano, como es el caso de la señora Isabel Miranda Wallace, cuyo hijo, Alberto Wallace Miranda, fue secuestrado y desaparecido, y ella, con sus medios -contrató anuncios espectaculares en los que difundió la fotografía del secuestrador y ofreció recompensa a quien le diera información para ubicarlo- hizo las pesquisas, porque la autoridad no resolvía el caso.

Luego, en la reunión de glosa de su informe de trabajo 2005 ante las comisiones legislativas de Derechos Humanos de las cámaras de Diputados y de Senadores, el titular de la CNDH anunció que analiza abrir una nueva queja sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, "ante la negligencia de autoridades federales y estatales implicadas". Hay que analizar el trabajo de la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República y de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, de la Secretaría de Gobernación, advirtió.

En un rápido recuento de su trabajo al frente de la CNDH en los últimos siete años, dijo que la recomendación sobre la guerra sucia tiene cumplimiento parcial, ya que todavía faltan por librarse y realizarse órdenes de aprehensión contra responsables de las torturas, ejecuciones y secuestros de ciudadanos en las décadas de los 70 y principios de los 80.

En el caso de migrantes, el ombudsman se pronunció porque se revise el tema en la frontera sur, porque los centroamericanos que cruzan a territorio mexicano son víctimas de la explotación de las policías y autoridades federales, estatales y municipales.

Aseveró que los retenes de militares y policías en las carreteras son ilegales y violan la Constitución, por lo que -explicó- en la agenda de propuestas que preparó para entregar a los candidatos a la Presidencia de la República les señala que deben "ajustarlos a lo que marca la ley", es decir, que sean elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los que estén en la inspección, conforme a la legislación.

Abusos en la frontera sur

Diputados de PRI, PAN y PRD, así como senadores de los dos primeros partidos, señalaron la violación de los derechos humanos de los migrantes en la frontera norte y le pidieron su opinión sobre la ley Sensenbrenner, a lo que el ombudsman respondió: "Nosotros protestamos porque en Estados Unidos se criminaliza al migrante, a nuestros ciudadanos, y nosotros hacemos lo mismo con los centroamericanos y sudamericanos".

Abundó: "Criticamos mucho que se les criminalice y que se pretenda construir una barda, pero aquí se les da un trato indigno y se les criminaliza; es paradójico que estemos pidiendo algo que nosotros no hemos sido capaces de hacer".

También informó que está en curso una queja presentada por familiares de trabajadores de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y dijo que "en breve" espera tener resultados.

En la reunión de ayer, diputados y senadores reconocieron la labor de Soberanes al frente de la CNDH, a diferencia de los últimos dos años, en los que lo habían cuestionado severamente y hasta descalificado.