Exigen recluir a genocidas en cárceles comunes
Miles de argentinos se manifiestan contra el ex dictador Videla
Buenos Aires, 18 de marzo. Algunos incidentes se produjeron entre policías y miles de manifestantes que realizaron hoy aquí el mayor escrache (señalamiento público) que se haya producido en el país, contra el ex dictador Jorge Rafael Videla, quien está siendo procesado y bajo arresto domiciliario en esta capital. La movilización fue convocada por diversas agrupaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura.
Esta marcha fue parte de las actividades para conmemorar el 30 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que instauró la dictadura que continuó hasta 1983 y dejó unos 30 mil desaparecidos.
A sólo seis días de esa fecha, convertida este año en feriado nacional por la memoria y contra el olvido, los manifestantes comenzaron a agruparse a las 16 horas en zonas cercanas, hasta formar una colorida multitud, mientras el edificio en que vive Videla fue vallado y cercado por decenas de policías.
Los manifestantes pidieron que los "genocidas de la dictadura fueran recluidos en cárceles comunes y con condenas reales, y demandaron la restitución de medio millar de niños nacidos en cautiverio robados y secuestrados por los militares, que los repartieron como botín de guerra entre sus propios compañeros y familias 'amigas'".
Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado recuperar al nieto número 82. Algunos niños fueron también secuestrados con sus padres, o nacieron de sus madres en cautiverio. La agrupación HIJOS trabaja codo a codo con las Abuelas de Plaza de Mayo y para éstas son la esperanza de mantener su accionar en el futuro.
"Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es militar", era uno de los cánticos de los jóvenes, y también la multitud gritaba consignas creativas y el ya clásico "Ole olá, ole olá, adonde vayan los iremos a buscar". Por los parlantes se decía el piso y el número de departamento donde vive Videla y ante esto se demandaba un "basta para las cárceles VIP".
El repudio al dictador, el primer presidente de la junta militar que derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón, será continuado por una cantidad de escraches ante la impunidad de que gozan la mayoría de los jefes militares, quienes se acogieron al beneficio de sus edades -la mayoría tiene 70 años o más- para no ir a cárceles comunes.
Al mismo tiempo, en los próximos días habrá nuevas movilizaciones, exposiciones de pinturas, de fotografías, charlas y conferencias, actos oficiales y se exhibirán películas y documentales sobre la dictadura. Las actividades previstas son múltiples hasta llegar al 24 de marzo, día para el que están anunciadas grandes movilizaciones en todo el país.
La importante avenida Cabildo, de acceso a esta ciudad, fue cortada hoy por la protesta, y la manifestación se extendió por varias calles adyacentes al unirse a la misma diversos sectores de la sociedad y también algunas personas que llegaron desde el exterior, para compartir este momento de recordación y protesta.
Participan Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe
Entre los manifestantes fue reconocida por los medios la directora teatral mexicana Jesusa Rodríguez, vestida con un traje a rayas de preso, con anteojos negros y bigotes en imitación del ex dictador detenido.
También Liliana Felipe y otros personajes estuvieron a lo largo de la marcha que comenzó a reunirse a las 16 horas y terminó casi cinco horas después.
Desplazamientos en la Marina
En tanto, el jefe de la Marina, almirante Jorge Godoy, desplazó al comandante de operaciones navales, vicealmirante Eduardo Avilés, y al director de inteligencia naval, contralmirante Pablo Rossi, que fueron acusados de espionaje ilegal.
Godoy transmitió la decisión a la ministra de Defensa, Nilda Garré, al informar que la medida se tomó ante la denuncia de una "recolección de información sobre circunstancias y personas que exceden el marco legal de actuación de los organismos de inteligencia militar", hecho sucedido en el sur del país.
Se ordenó al jefe de la Marina "investigar las conductas que pudieran resultar bajo responsabilidad jurisdiccional de la Armada", después de la denuncia judicial interpuesta por el Centro de Estudios Legales y Sociales por hechos de espionajes sucedidos en la sureña provincia de Chubut, en la oficina de inteligencia" de la base aeronaval Almirante Zar, de Trelew, de tristes recuerdos en tiempos de la represión.
Godoy anunció que se van a "profundizar las medidas de control para asegurar el encuadre de los procedimientos de trabajo de la inteligencia naval en el estricto marco de la legalidad".
Después de que en días pasados el jefe de la Armada reconoció la gravedad de lo sucedido en la pasada dictadura militar, sostuvo ahora que su arma, "comprometida en su plena inserción institucional en la vida democrática de la nación, deplora la posibilidad de que pudieran ocurrir hechos de esta naturaleza".