El Senado aprobó reforma ad hoc, la cual será discutida en la Cámara de Diputados
Privilegiar a la alta burocracia, meta de que Fox dicte el presupuesto 2007: PRD
Una enmienda legislativa aprobada esta semana en el Senado de la República impedirá al gobierno que surja de la elección federal del 2 de julio próximo participar en la elaboración del paquete económico de 2007, el cual será diseñado por la actual Secretaría de Hacienda.
El paquete económico incluye la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, la iniciativa de Ley de Ingresos y los Criterios Generales de Política Económica. Estos documentos establecen la forma en que el gobierno espera obtener sus ingresos, la manera en que los gastará y las principales acciones de política económica.
En el Senado fue aprobado el jueves pasado un proyecto de decreto que modifica la fracción IV del artículo 74 de la Constitución; plantea que el proceso presupuestal del primer año de gobierno (en este caso 2007) se inicie en abril; que sea el Ejecutivo federal saliente el que envíe las iniciativas de Ley de Ingresos y la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación a la legislatura que habrá iniciado sus funciones el primero de septiembre. La propuesta será discutida en la Cámara de Diputados.
Según esta propuesta, avalada con 74 votos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, al comenzar el mandato, el primero de diciembre, el nuevo Ejecutivo federal sólo podrá enviar "una propuesta de modificaciones al presupuesto" elaborado por el gobierno saliente, para que el Congreso apruebe el paquete económico antes de que concluya diciembre.
"Con esta modificación constitucional está clara la pretensión de amarrar las manos al próximo presidente de la República y no dejar al gobierno que inicia capacidad para distribuir el presupuesto atendiendo a las prioridades de su plataforma política y programa de gobierno", advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado perredista.
Analistas de temas presupuestarios dijeron que el proyecto aprobado en primera instancia en el Senado va en línea con las modificaciones que crearon la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que entrará en vigor el primero de abril próximo.
Esta LFPRH, de acuerdo con BBVA Bancomer, representa "una señal favorable que genera certidumbre y confianza respecto al diseño del presupuesto en el futuro, pues se mantiene el énfasis en el equilibrio presupuestal y la necesidad de contar con finanzas públicas sanas, además de que se acota la discusión en cuanto al monto y destino de los recursos petroleros".
El ordenamiento también establece la posibilidad de partidas de gasto multianuales que, si prospera en la Cámara de Diputados la reforma aprobada esta semana en el Senado, implica que el actual gobierno puede decidir partidas por varios años de la siguiente administración.
Según Ramírez Cuéllar, el proyecto de decreto aprobado esta semana en el Senado es el complemento de la LFPRH para atar las manos al siguiente gobierno en temas como: impedir la reducción en el número de plazas de la alta burocracia y sus sueldos, dado que esas partidas estarían determinadas por el actual gobierno; impedir que se cancelen partidas como las de seguros de gastos médicos mayores a los altos funcionarios que, de acuerdo con el legislador, tienen un costo anual de 5 mil millones de pesos.
Un punto relevante de este entramado legal, según el balance hecho por BBVA Bancomer, es que la LFPRH permite establecer compromisos plurianuales de gasto en materia de obras, adquisiciones, arrendamiento o servicios y tendrán la posibilidad de adelantar los procesos de compra del siguiente ejercicio fiscal.
"Con las posibilidades que abre la LFPRH y los tiempos que marca el decreto aprobado por el Senado, las posibilidades del nuevo gobierno de diseñar una estrategia de gasto y una política económica propias, estarían totalmente limitadas", aseveró Ramírez Cuéllar. "Además, quedarían garantizados todos los privilegios de la alta burocracia", añadió.
La forma en que se pretende acotar al próximo gobierno contrasta con el trato que recibió el entonces presidente electo Vicente Fox Quesada después de su triunfo electoral en 2000.
El 6 de septiembre de 2000, en Nueva York, el entonces secretario de Hacienda, José Angel Gurría, declaró que el presupuesto federal para 2001, que sería el primer año del nuevo gobierno, sería presentado al Congreso por la administración de Vicente Fox y reflejaría las prioridades, metas y criterios de la política económica del gobierno entrante.
"Por razones de tiempo", dijo entonces Gurría, la Secretaría de Hacienda trabajaba con el equipo de transición para dejar antes del primero de diciembre un proyecto "razonablemente acabado", pero en definitiva, anunció entonces, correspondería al gobierno panista integrarlo y presentarlo al Congreso.