Discrimina al exigir cuentas solventes como requisito: representante de Ecuador
México negó la visa a dos jurados y dos denunciantes de agravio ambiental
El gobierno mexicano no sólo negó la visa a dos integrantes del jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), sino también a dos denunciantes de casos de agravio ambiental, provenientes de Ecuador y Brasil.
La representante de Ecuador, Natalia Landívar, denunció la actitud "discriminatoria" del gobierno mexicano al exigir, como requisito para ingresar al país, estados de cuentas solventes, medida que pone un "muro" a 70 por ciento de los ecuatorianos que carecen de recursos.
Reveló que personal de la embajada de México en Ecuador -cuya titular es Alma Patricia Soria- les dijo que "tenían una orden política" de sólo otorgar la visa a quienes estuvieran invitados por la Comisión Nacional del Agua para participar en el cuarto Foro Mundial.
Landívar no descartó que el propio gobierno ecuatoriano haya solicitado a su homólogo mexicano negar este documento a Alfredo Chum, porque los activistas como él, que hoy son denunciantes ante el TLA, han sido tachados de "terroristas".
No obstante, dijo, Alfredo Chum, delegado de 5 mil campesinos para exponer el caso de los graves efectos que tendría para más de 2 mil 840 familias la construcción de la presa Baba, es uno de los millones de pobres amenazados por oponerse a este proyecto.
Por su parte, Alexandre Camanho de Assis, juez del TLA y magistrado en Brasil, reveló en entrevista que al joven abogado Rodrigo Ferrera también le fue negada la visa, pues la embajada mexicana en aquel país le puso una serie de impedimentos. Lamentó que lo que históricamente ha sido una relación de fraternidad con México ahora, "al parecer por una influencia estadunidense, se ponen montones de exigencias que no tienen nada que ver con nuestra historia común".
Enfatizó que a él le otorgaron la visa por cinco años, cuando sólo estará en México 10 días, mientras que Ferrera, un joven que no puede presentar comprobantes de impuestos sobre la renta -documento que no tiene por qué mostrar a una autoridad consular, sino al gobierno brasileño-, aún intenta llegar a México en una situación muy complicada.
Por su parte, Oscar González, juez del TLA y coordinador de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, expuso que la ausencia de dos jueces no impide las sesiones del tribunal, porque en el Código de Procedimientos se prevé que, ante la falta de uno o más jueces, las decisiones no podrán ser por consenso, pero sí por mayoría calificada de siete integrantes.
En el segundo día de trabajos del TLA fueron expuestos los casos de riesgo de contaminación radiactiva en Panamá y los impactos del Proyecto Mutipropósitos Quevedo-Vinces, mediante la construcción de la presa Baba, en Ecuador.
Antes de entrar en materia, Natalia Landívar evidenció que su compañero Alfredo Chum no pudo estar con ella en la exposición del caso al verse imposibilitado para presentar los requisitos impuestos por la embajada de México en Ecuador como, por ejemplo, tener tarjeta de crédito y un estado de cuenta solvente.
Afirmó que el encargado de la sección consular y asuntos migratorios de la embajada mexicana, Javier Chagoya, no atendió la solicitud de hacer una diferenciación, ya que la visa era para una persona con todos los gastos pagados. Sin embargo, agregó, la negativa de otorgar ese documento no es casual, forma parte de "una política contra los pobres" de los pueblos.
Después, en entrevista, señaló que enviaron cartas a Chagoya en las que solicitaron la visa para Alfredo Chum, una persona con escasos recursos económicos que trabaja en el campo y es integrante de la Coordinadora en Defensa de la Vida y la Naturaleza en la Cuenca del Río Guayas (Coordenagua), organización que presentó la denuncia ante el TLA.
Agregó que en la embajada "nos dijeron que si la invitación era de la Comisión Nacional del Agua pasaba, de lo contrario, no". Explicó que si ella no hubiese llegado a México procedente de Alemania, "me imagino que no me dan la visa".
En su exposición, Landívar manifestó que la presa Baba inundará una superficie de 3 mil 550 hectáreas de tierras fértiles, y se estima que afectará a más de 31 comunidades; río abajo impactará a más de 300 mil habitantes, y a lo anterior se suma la eliminación de hábitats únicos para la vida silvestre.
Como antecedente, refirió que la represa Daule-Peripa ocasionó la inundación de 27 mil hectáreas productivas. Debido a la ejecución de ese proyecto 40 comunidades fueron desplazadas o quedaron incomunicadas, fallecieron 20 mujeres embarazadas y surgieron enfermedades hepáticas y de la piel.
En su turno, Raúl Escoffery y Susana Serracín plantearon su demanda contra el gobierno panameño por poner en riesgo a la población al permitir el tránsito de material nuclear. Advirtieron que en caso de que se registre algún incidente, tendría un impacto en el ciento por ciento de la población cercana, que padecería cáncer, mientras que 22 por ciento fallecería.
Durante su intervención plantearon la violación de la leyes nacionales y de los tratados internacionales en la materia por parte del gobierno de Panamá, así como la ausencia de medidas de prevención. El tránsito de material radiactivo no sólo es un peligro para Panamá sino para la región de Latinoamérica, advirtieron.