El Estado mexicano, ¿un estado de derecho?
Esta es la pregunta que se hacen, la que lleva por título nuestro artículo, en el Consejo Indígena Campesino Evangélico de México (CICEM), Asociación Religiosa, ante el asesinato de su presidente, Juan Aldegundo Villavicencio Camarillo, de su hermano Carlos Villavicencio Camarillo y del sobrino de ambos, Macario Villavicencio Miranda. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades?
El CICEM está conformado por iglesias bautistas, es una asociación distinta a la Convención Nacional Bautista de México, aunque con parecidas creencias doctrinales. Ambas agrupaciones sostienen, entre otros, principios como el de bautizar solamente a quienes previamente se han convertido al evangelio de Jesucristo; y sustentan la necesidad de la separación Estado-iglesias. Los bautistas tienen sus raíces históricas en el siglo xvi, en Inglaterra, donde fueron disidentes, junto con otros grupos protestantes/evangélicos, de la oficial Iglesia anglicana. Es necesario recordar que también los católicos se opusieron a la Iglesia de Estado en Inglaterra, aunque por distintas razones que el conocido como protestantismo no conformista. Los bautistas sostienen que como iglesias de creyentes siguen las enseñanzas del Nuevo Testamento, y que, por distintas circunstancias históricas, sus creencias y nombre tomaron especial relevancia en el siglo xvi.
Regresamos al asunto denunciado por el CICEM. En varias ocasiones los integrantes de las iglesias que agrupa han sido obligados, por las asambleas de los pueblos, a tener que aceptar dar cooperaciones para festividades religiosas de origen católico; así como a desempeñar cargos que deben asumir a regañadientes. Este fue el caso en un poblado de la zona mixteca, Calihualá, municipio de Silacayoapan, Oaxaca, donde el pastor Aldegundo Villavicencio debió tomar el puesto de jefe policial del lugar. En este carácter, el pasado primero de marzo tuvo que intervenir para controlar una reyerta entre lugareños, junto con su hermano y sobrino, también policías. Como consecuencia de su intervención, Aldegundo logró desarmar a Germán Valeriano Ramírez para después conducirlo hacia la cárcel. En el trayecto a los policías "ya los esperaban los amigos y familiares del detenido y arremetieron a golpes y tiros contra nuestros tres hermanos", describe el apoderado legal del CICEM, el profesor Lázaro González Domínguez. En el lugar quedaron los cuerpos de los tres evangélicos y del detenido, a quien sus rescatadores pretendían liberar y terminaron matándolo.
Juan Aldegundo, pastor de la Iglesia bautista Príncipe de Paz, Carlos y Macario, "fueron sepultados el pasado 3 de marzo. Sus viudas y huérfanos, así como las familias que integran la pequeña comunidad evangélica de Calihualá, permanecen en esa localidad en espera de la intervención de las autoridades. Hasta la fecha, las autoridades locales competentes no han dado seguimiento a estos hechos. No han iniciado las averiguaciones correspondientes y los responsables no han sido detenidos", nos comunicó ayer el también pastor Lázaro González. Los agresores están identificados, sus familiares y compañeros de fe demandan que se haga valer el tan enarbolado por autoridades estatales y federales estado de derecho.
Los muertos eran marginados por partida triple: eran pobres, indígenas y protestantes. Por como van las cosas, su asesinato va a quedar impune porque a quienes debiera interesarles el brutal ataque simple y sencillamente siguen llenándose la boca con declaraciones sobre los avances de la justicia en México. El caso, para esos funcionarios que miden su actuar en base al rating televisivo, carece de relevancia nacional: ¿a quién le va a interesar la muerte violenta de tres indígenas evangélicos en un rincón paupérrimo y perdido en la geografía nacional? ¿Al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, tan preocupado por rendir pleitesías a los jerarcas católicos? ¿A la izquierda que voltea para otro lado cuando de indígenas evangélicos se trata?
En términos generales, en el Consejo Indígena Campesino Evangélico de México tienen coincidencias con la lucha por un México más justo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque no necesariamente con los medios elegidos por este último. A raíz del asesinato del pastor Juan Aldegundo, en el CICEM crecen los intentos por dialogar con el subcomandante Marcos. Le quieren hacer saber que ellos también quieren un "México más democrático e inclusivo para los indígenas", y que hay una creciente diversidad identitaria en los pueblos indios. En suma, que hay muchas maneras de ser indígenas y que ya basta de negarles su identidad a los indios evangélicos.
Este año se cumple el bicentenario del nacimiento de Benito Juárez, indígena zapoteco, que estableció las bases legales para la libertad de cultos en México, en la ley respectiva del 4 de diciembre de 1860. Hoy, en la misma entidad donde nació Juárez, Oaxaca, los protestantes mixtecos de Calihualá anhelan poder vivir cotidianamente su credo sin padecer hostigamientos y persecuciones.