Las tierras, en posesión de poderosos, acusa líder
Consignan por invasión a 19 labriegos desalojados en Tepeji
Pachuca, Hgo., 14 de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fincó responsabilidades a 19 de los 69 campesinos detenidos el domingo pasado en la comunidad Cantera de Villagrán, municipio de Tepeji del Río, durante el desalojo de un predio en litigio agrario.
Esta noche salieron libres 50 de los involucrados -entre ellos un menor de edad y tres mujeres-, y a los restantes se les consideró presuntos responsables del delito de invasión, debido a que la mañana del domingo anterior penetraron a un predio para iniciar labores de agricultura no obstante que, según el gobierno estatal, las tierras fueron expropiadas en 1980 para integrarlas al parque industrial de Tepeji.
El secretario de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz, sostuvo que a los invasores no les asiste la razón legal, pues el terreno de 433 hectáreas fue pagado por autoridades estatales "hasta por partida doble".
Mientras, en la ciudad de México, el dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Mario Vélez, ofreció una visión de los hechos que contrasta con lo propalado por el gobernador Miguel Osorio Chong. Sostuvo que en 1980 -cuando Jorge Rojo Lugo era gobernador- se publicó un decreto de expropiación de 433 hectáreas que no fueron pagadas, y el ejido lucha desde entonces por que se le pague lo justo.
Aseguró que existe una sentencia donde se negó la revisión que planteó el ex gobernador Manuel Angel Núñez Soto. Velez señaló que la resolución ordenó al gobierno de Hidalgo pagar por las 433 hectáreas mediante un reavalúo de 1992, más 9 por ciento anual de intereses moratorios. Recordó que Núñez Soto se amparó contra la resolución y perdió, luego pidió la revisión del fallo y lo volvió a perder, porque el ejido logró reunir elementos jurídicos necesarios.
Cuando las autoridades determinaron que el asunto había concluido, los ejidatarios se inconformaron y pidieron amparo. La protección jurídica actualmente está radicada en el juicio de amparo 1637/2005 en el juzgado primero de Pachuca, el cual, dijo Vélez, está por resolverse.
Adicionalmente, expuso que de conformidad con la sentencia, los ejidatarios mandaron hacer un avalúo, el cual determinó que el terreno en disputa vale más de 450 millones de pesos. Vélez pidió "que se nos pague como marca la sentencia. No estamos en contra de la venta de los ejidos a particulares o al propio gobierno, pero la disputa y la agresión que sufrimos se deben a que las tierras están repartidas entre los hijos de Rojo Lugo, el actual líder de la fracción del PRI en Hidalgo, la familia de los Amin Guindi (socios de la cadena Sheraton) y la Confederación de Trabajadores de México, que tiene 100 hectáreas en este corredor comercial".
Con información de Gabriel León