En 1980 les expropiaron 433 hectáreas; no les pagaron
Abre la PGJ investigación contra 69 labriegos acusados de invadir tierras
Pachuca, Hgo., 13 de marzo. La situación legal de las 69 personas detenidas el domingo durante un desalojo policiaco en la comunidad de Cantera de Villagrán, municipio de Tepeji del Río, se resolverá en las próximas 48 horas, informó la Procuraduría General de Justicia estatal, que empezó la averiguación previa 12/DAP/076/2006 por el delito de invasión de las tierras.
Se trata de 66 campesinos que se encuentran en el área de retención primaria de la policía ministerial, dos personas más que fueron hospitalizadas debido a los golpes sufridos durante el lanzamiento, así como un niño de 12 años de edad, que fue enviado al Consejo Tutelar para Menores.
El secretario de Gobierno, Francisco Olvera Ruiz, justificó la incursión de unos 800 uniformados para sacar violentamente a los campesinos que ayer por la mañana iniciaron labores de agricultura en un predio de 433 hectáreas que se encuentra en litigio desde 1980, cuando les fue expropiado.
Según autoridades estatales, el 22 de abril de 1980, al ejido La Cantera (Cantera de Villagrán) se le expropió una superficie de 77 hectáreas para la creación de la zona industrial de Tepeji del Río.
El gobierno del estado fijó un monto de indemnización de 816 mil 865 pesos y de 121 mil 791 pesos por bienes distintos a la tierra, depositados en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) el 18 de marzo de ese año.
Mediante un segundo decreto, el gobierno expropió seis meses después 433 hectáreas al mismo ejido y para el mismo fin, por las cuales pagó 2 millones 939 mil pesos de indemnización el 5 de noviembre de 1980, y por bienes distintos a la tierra, un millón 305 mil pesos.
El conflicto agrario comenzó en 1992, cuando el nuevo presidente del comisariado ejidal, Candido Barreto, acudió al Fifonafe para preguntar por los supuestos pagos de indemnizaciones que la asamblea sostenía no haber recibido. El Fifonafe reportó el pago de 2 mil 900 pesos, lo que indignó a los ejidatarios y los llevó a promover un juicio ante la autoridad agraria.
El Fifonafe informó sobre un depósito o "pago duplicado" realizado por el gobierno estatal el 4 de agosto de 1992 por 2 millones 939 mil pesos por concepto de indemnización por 433 hectáreas.
Años después, el ejido promovió un nuevo juicio en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 14, demandado la compensación, pero la autoridad agraria declaró improcedente dicho pago el 3 de marzo de 2003, en el expediente 788/00-14.
Inconformes con el fallo, los representantes ejidales promovieron juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que les concedió la suspensión provisional y dictó que en su lugar el TUA emitiera otra resolución en la que se analizara con libertad de jurisdicción el planteamiento efectuado por el ejido.