Decir que las hubo es una interpretación de auditores, afirma Alfonso Utrilla
Niega director del Fimevic anomalías en contratos para construir vialidades
Las anomalías detectadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en cuatro contratos firmados en 2004, para la construcción del corredor Insurgentes del Metrobús y el puente de San Antonio y Eje 5 Poniente, con recursos federales, se derivan de una interpretación de los entes encargados de la auditoría pues en todo momento se acató la ley y aplicaron las sanciones correspondientes.
El director del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (Fimevic), Alfonso Utrilla, rechazó la comisión de un delito al aceptar contratos a precio alzado o la modificación y/o ampliación de los contratos conforme a las necesidades de la obra, pues "se encuentra establecido en la normatividad y se han aplicado multas o retenido fianzas a las empresas - equivalentes a 10 por ciento del valor de la obra -, para que atiendas las deficiencias detectadas".
La misma explicación junto con los documentos que avalan la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social (FIES) y del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Entidades Federativas (PAFEF) en otros 15 contratos fueron entregados a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo de cinco días, que venció la semana pasada, cuando se realizó la confronta respectiva, precisó.
Al término de una reunión de trabajo con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) precisó que la auditoría conjunta, por mandato de la ALDF y a solicitud de la Cámara de Diputados, abarca la cuenta pública de 2004, donde se ejercieron más de mil 900 millones de pesos, de los cuales 253 millones fueron recursos federales, pero únicamente se entregaron anticipos a las empresas.
La aplicación de sanciones no se limitó por esa situación, por lo cual fueron sancionadas algunas empresas en el Metrobús, como Manufacturas y Edificaciones, encargada de la terminal Indios Verdes y los puentes peatonales de las estaciones 18 de Marzo, Potrero y Euzkaro, por concluir fuera del plazo establecido además de que, en caso de surgir algunos problemas de acabados o reparaciones, se detienen las fianzas.
Una de ellas considera los "vicios ocultos", los cuales se determinarán con base en una verificación externa que se realiza en la red y las compañías están obligadas a atender hasta un año después de la entrada en operación del sistema, a fin de "liberarse" con el acto de entrega - recepción y recuperar su dinero, como una forma de cumplir con los contratos signados y garantizar la seguridad de los usuarios, dijo.
Mencionó que la empresa Procasa Sicns ya colocó 970 de los 2 mil bolardos trozados en el carril confinado de Insurgentes, equivalentes a una sexta parte de los colocados en sus cerca de 20 kilómetros, sin ningún costo para la ciudad.