Documentos desclasificados prueban que el caso fue sobreseído de manera irregular
Ex represor argentino deberá enfrentar proceso por asesinato de dos montoneros
Buenos Aires, 6 de marzo. Documentos desclasificados por Estados Unidos confirman que el ex comisario, Luis Alberto Patti, acusado del secuestro y asesinato de los militantes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, del peronismo revolucionario (Montoneros) en mayo de 1983, el último año de la dictadura militar, fue irregularmente sobreseído y es responsable del crimen.
Patti, elegido como diputado por una lista aliada a la fórmula justicialista que encabezó en la Provincia de Buenos Aires, Hilda González, esposa del ex presidente Eduardo Duhalde, en las elecciones de octubre pasado, no pudo asumir en diciembre debido a la impugnación de un grupo de derechos humanos encabezados por el diputado y escritor Miguel Bonasso.
El periódico Página 12, que accedió a la documentación desclasificada, reveló que Cambiasso y Peryera no murieron en un supuesto enfrentamiento como declaró Patti en su momento, sino que fueron torturados y ejecutados a quemarropa por sus captores.
Al acercarse el 30 aniversario de la dictadura militar (1976-1983) este hecho adquiere trascendencia, mientras la justicia toma nuevas medidas contra quienes se refugiaron en la impunidad.
Hace días también se conoció que el teniente coronel retirado Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de seguridad de la planta local de Ford Motor Corporation, acusado por ex empleados de la misma como uno de los responsables del secuestro y tortura de trabajadores durante la dictadura, trabajó luego en la embajada de Estados Unidos aquí.
Un grupo de trabajadores víctimas de la represión inició una demanda contra la Ford a nivel internacional y nacional. En julio de 1978, luego de los secuestros de obreros, Sibilla fue promovido a teniente coronel y participó en los interrogatorios de los delegados detenidos.
Esperan respuesta de la justicia uruguaya sobre nuera de Juan Gelman
En tanto, la justicia uruguaya responderá en estos días un exhorto enviado por su par de Argentina para que se informe sobre el destino de los restos de la desaparecida María Claudia García de Gelman, así como una serie de pruebas y la ubicación del domicilio de siete militares y un policía involucrados en su asesinato.
García, nuera del poeta argentino, Juan Gelman, fue secuestrada aquí con su esposo Marcelo en 1976 y luego llevada Uruguay en la Operación Cóndor, la cooperación ilegal de las dictaduras, desde el siniestro centro clandestino de detención Automotores Orletti.
La joven, de 19 años al momento de su secuestro, fue entregada a quienes la asesinaron, tras haber dado a luz a una niña, entregada en adopción ilegal al ex jefe policial Angel Taurino. Hasta ahora se buscan los restos de García de Gelman en algunos lugares señalados por los propios militares en agosto pasado.
Durante los gobiernos de los presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle se ordenó archivar las actuaciones judiciales en este caso, amparándose en la Ley de Caducidad de 1986 y desconociendo incluso una cláusula que puso en marcha el actual mandatario Tabaré Vázquez, que garantiza a las familias de las víctimas el derecho de conocer la verdad de lo sucedido durante la dictadura.
Varios de los militares de Uruguay citados en el caso Gelman fueron parte activa en la Operación Cóndor, y también están bajo investigación por el secuestro y desaparición en Córdoba (Argentina) del ciudadano uruguayo Washington Barrios en septiembre de 1974 y el asesinato de su esposa y otras dos jóvenes.
En ese momento ya había comenzado el intercambio criminal como una "prueba piloto" -ese año fue asesinado en Buenos Aires mediante un atentado el general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía, refugiados en Argentina- de lo que sería la Operación Cóndor, que se "institucionalizó" a finales de 1975, pero especialmente después del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en Argentina, que instauró la más sangrienta dictadura que se conoció en este país.
Los familiares de Washington Barrios solicitaron que comparezcan ante la justicia los militares uruguayos retirados José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Armando Méndez, Juan Rebollo, Julio César Rapela, Esteban Cristi, Jorge Silveira y Mario Mouriño, y estos deberán comparecer el próximo día 13 ante el juez Luis Charles. Deberán también declarar sobre la ejecución sumaria de Silvia Reyes, esposa de Barrios -quien estaba embarazada de tres meses- y sus amigas Laura Raggio y Diana Maidanick (19, 18 y 19 años respectivamente).
El general Juan Rebollo, gracias a la impunidad, llegó a ser jefe del ejército uruguayo cuando gobernó ese país Luis Alberto Lacalle. Hay elementos suficientes que indican que Barrios fue trasladado a Uruguay, donde fue asesinado bajo torturas.
La decisión de buscar la verdad en Uruguay actuó como un disparador que permite avanzar a la justicia y el pasado 20 de febrero compareció el coronel retirado José Chialanza, otrora jefe del Batallón Ingenieros 5 donde fue asesinada la militante del Partido Comunista, Nibia Sabalsagaray, quien tenía 24 años cuando la secuestraron en junio de 1974. Los verdugos atribuyeron su muerte a un suicidio, pero se comprobó luego que murió bajo torturas.
Chialanza confirmó en su declaración que su unidad fue base clandestina del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), grupo clave de Uruguay en la Operación Cóndor.
Abogados de organismos de derechos humanos en Uruguay presentarán en breve una serie de denuncias penales contra los mandos de la dictadura militar, sobre casos concretos de detenidos, torturados, desaparecidos o asesinados antes del 1º de marzo de 1985, por crímenes de lesa humanidad "padecidos por civiles víctimas del Terrorismo de Estado implantado el 27 de junio de 1973".