¿Quiénes son los nuevos caciques en la región mixe?
A menudo, cuando surgen en nuestras comunidades problemas y conflictos en los que están en pugna los derechos y la institucionalidad comunitaria frente a los intereses de personas o grupos que suelen alegar determinadas pretensiones alentadas desde actores foráneos, estos últimos suelen calificar a nuestras autoridades municipales y comunales como "caciques" o "delincuentes comunes".
Esto está sucediendo en el conflicto que actualmente enfrenta la comunidad mixe de Chuxnaban. Un grupo de personas que se dicen "expulsadas" de la comunidad, asesorado por el señor Gabino Sánchez Vásquez, ex presidente municipal de Quetzaltepec y promotor priísta en la región mixe, ha venido haciendo una serie de acusaciones ante las autoridades estatales y los diversos medios de comunicación, en el sentido de que las autoridades comunitarias de Chuxnaban son "delincuentes" y "caciques". Por añadidura, a quienes hemos acompañado a dichas autoridades comunitarias en la defensa de sus derechos nos han puesto los mismos adjetivos.
Estas acusaciones en contra de las autoridades comunitarias han tenido como resultado que ahora estén detenidos en la penitenciaría de Ixcotel los comuneros Lorenzo Canseco Hernández, Pioquinto Vásquez Martínez y Anastasio Morales Vásquez. Para lograr su cometido han tenido el abierto apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJE), que ha enjuiciado a dichos comuneros por los delitos de violación tumultuaria y tentativa de homicidio. En el primer caso, el juez de Zacatepec Mixe ha dictado auto de formal prisión, y en el segundo caso, el juez segundo de lo penal con sede en Oaxaca ha dictado auto de libertad por falta de elementos para emitir una resolución condenatoria.
La comunidad de Chuxnaban y las demás comunidades mixes y zapotecas de la sierra que han vivido problemas similares saben bien que nuestras autoridades no son delincuentes, mucho menos caen en la hipótesis del cacicazgo al que hace alusión Iñigo Laviada en su libro Los caciques de la sierra. Con toda fuerza y objetividad podemos decir que se trata de una soberana injusticia en contra de los comuneros detenidos, ya que en el expediente penal no hay elementos que prueben los supuestos delitos cometidos. En todo caso, su pecado ha sido el de haber estado al servicio de su comunidad, cumpliendo la voluntad de la asamblea general, ejerciendo la autonomía y el autogobierno que las normas comunitarias establecen.
Quienes añoran la vuelta al pasado caciquil son precisamente aquellos que habiéndose desintegrado y separado de la vida comunitaria tienen el cobijo del Estado, particularmente del aparato de procuración y administración de justicia. En consecuencia, no es casual que la policía ministerial haya tomado por asalto la comunidad de Chuxnaban en la madrugada del 19 de febrero. Tampoco debe extrañarnos que las averiguaciones previas hayan sido un invento similar a las historietas del Viejo Oeste. Mucho menos que las supuestas instituciones de justicia trabajen por consigna de los intereses políticos en turno.
Aquí tiene una especial resonancia lo que en otros tiempos dijo el mismo Iñigo Laviada: "El cacique es además un instrumento de los gobiernos federal y estatal para la penetración del colonialismo interno y la transculturación en las zonas indígenas apartadas". Y esto tiene especial importancia en estos tiempos, cuando algunas personas e instituciones creen que pueden seguir sometiendo a nuestras comunidades tal como ha sucedido en otros tiempos, haciendo uso de la violencia institucionalizada y del exterminio material y cultural.
Lamentablemente este ha sido el triste y doloroso papel que han jugado Gabino Sánchez Vásquez y aquellos que lo acompañan en su aventura. No hay que olvidar que cuando dicha persona fue presidente municipal en Quetzaltepec estuvo al servicio de su partido y del grupo que lo llevó al poder, haciendo a un lado la asamblea general de comuneros y comuneras. Usó las instancias de procuración y administración de justicia para perseguir a los que pensaban y opinaban distinto que él, encarcelando y enjuiciando a un gran número de ciudadanos. Usó la violencia y el terror para tratar de someter a los habitantes de Quetzaltepec. Y cuando pudo, mandó al exterminio a sus enemigos. A pesar de las múltiples denuncias presentadas en su contra por los delitos cometidos, ninguna tuvo el efecto legal esperado. Era evidente que tenía el respaldo del Estado.
Pero cuando se trata de una denuncia en contra de una autoridad comunitaria que cumple con los mandatos comunitarios, esta demanda no sólo es aceptada por las instancias ministeriales, sino que es alentada y agilizada, haciéndose las consignaciones correspondientes y librándose las ordenes de aprehensión.
Esta gente acusa a nuestras autoridades de "delincuentes" o "caciques" porque son ellos que con sus decisiones y actitudes personales aspiran un día llegar a serlo. Es el espejo en que sueñan y en el que día a día se miran. Ellos sí quisieran llevar a nuestras comunidades al régimen caciquil, como un día lo hizo el señor Luis Rodríguez Jacob.
Afortunadamente los tiempos han cambiado. Nuestras comunidades ya no están dispuestas a soportar las agresiones y violaciones de sus derechos más elementales. Cada vez más hay la conciencia y la voluntad de defender y fortalecer nuestros procesos de autonomía, tal como lo han defendido nuestros padres y madres. Y por eso quienes quieran seguir agrediéndonos deben reflexionar muy bien su actitud y las consecuencias que esto puede conllevar para ellos y para la comunidad.
También todos debemos tener claro que las comunidades indígenas, incluida Chuxnaban Mixe, tenemos una institucionalidad propia basada en nuestras normas comunitarias que impiden e impedirán el renacimiento de los cacicazgos, por más que algunos quieren insistir en ellos. A la par, estas normas comunitarias definen las funciones y responsabilidades de los servidores comunitarios para que sus decisiones y acciones reconozcan la dignidad y el respeto que todos nos merecemos.