El informe ¡Que no vuelva a suceder! reúne "pruebas abrumadoras" de la represión
Durante 20 años el gobierno ejerció una política para eliminar opositores
La Femospp documenta desapariciones forzadas, la guerra sucia y los halcones
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El reporte de la Femospp filtrado a los medios de comunicación detalla la relación entre los halcones y el entonces DDF
Foto: Armando Salgado
Entre finales de los años 60 y mediados de los 80, durante los movimientos estudiantiles de 1968, de 1971 y la llamada guerra sucia, militares y funcionarios públicos cometieron asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, matanzas, ejecuciones extrajudiciales y reclusiones en centros militares y policiacos de detención clandestinos contra opositores políticos y guerrilleros.
Así lo documenta el informe ¡Que no vuelva a suceder!, de la Comisión de Trabajo para el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Femospp, cuya copia de la versión casi definitiva obra en poder de La Jornada.
La investigación presenta "pruebas abrumadoras" -con base en documentos oficiales, informes desclasificados y testimonios directos de víctimas y testigos- de las responsabilidades al más alto nivel de delitos cometidos por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo. El informe describe detalladamente lo que el fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto ha llamado una "política del Estado mexicano" contra disidentes políticos y guerrilleros en esa época.
Esta indagación histórica que se ha dado a conocer recientemente de manera parcial, arroja luz sobre diversos aspectos de las acciones ilegales realizadas por las fuerzas públicas.
Los datos duros sobran: de las casi 800 denuncias de personas reportadas como detenidas-desaparecidas ante la Femospp, la comisión investigadora pudo "comprobar plenamente" 436 casos. Aunque también reunió testimonios, reportes y evidencias de otros 208, en los que se tiene "la presunción fundada" de que fueron desaparecidos por cuerpos de seguridad del Estado. Hay otras 152 personas reportadas como desaparecidas, de las que "no existe información suficiente para pronunciarse", aclara.
Parte de un borrador de este informe fue publicado por The New York Times y medios mexicanos. Aún no ha sido suscrito por el fiscal Carrillo Prieto ni por el presidente Vicente Fox.
En la indagación participaron 27 investigadores coordinados por el doctor José Sotelo Marbán. El informe de 840 páginas llega a una conclusión cruda, directa y contundente, que bien pudo documentar una comisión de la verdad jamás creada:
"El combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales -que se organizaron en los movimientos estudiantiles y en la insurgencia popular- se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio -al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente su enemigo."
El informe abarca una década y media. Desde el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza del 2 de octubre, la represión del 10 de junio de 1971, los inicios de la guerrilla moderna en México, la guerra sucia en Guerrero y el aniquilamiento de los movimientos armados en todo el país. En cada periodo describe los delitos y las pruebas incriminatorias a las que tuvieron acceso los investigadores.
El primer reconocimiento oficial de la guerra sucia
El informe oficial presenta los hechos, describe las políticas y establece las responsabilidades oficiales que derivaron de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y en la represión a la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971. Particularmente, aborda "la decisión del Estado de crear y capacitar al grupo paramilitar los halcones" y el uso de la violencia contra los estudiantes. Y analiza el surgimiento de la lucha guerrillera en todo el país a partir de los años 60 y las consecuencias de la guerra sucia.
El documento relata de manera sucinta cómo los gobiernos priístas utilizaron al Ejército y la policía desde los años 40 para reprimir y disolver los brotes de inconformidad de médicos, maestros, ferrocarrileros, campesinos, estudiantes, obreros, así como los movimientos cívicos opositores como el henriquismo o el de Salvador Nava en San Luis Potosí.
Sobre el movimiento estudiantil de 1968, describe el papel del Ejército en la desarticulación de la protesta juvenil y popular, y analiza su participación en la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Aunque la mayor parte de la información de estos hechos ya es conocida, la investigación está muy bien documentada, con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la policía política y testimonios de militares, policías y estudiantes. El informe confirma el papel del Estado Mayor Presidencial y del Batallón Olimpia en el desenlace trágico, así como del gobierno de Díaz Ordaz, que ordenó el desmesurado despliegue militar que incluyó 300 tanques.
En otro capítulo, aborda el surgimiento del grupo paramilitar los halcones, el papel del coronel Manuel Díaz Escobar. Por primera vez prueba la relación de este grupo con el entonces Departamente del Distrito Federal y publica la nómina donde aparecen los nombres de 17 líderes halcones. Revela cómo 40 de ellos fueron entrenados en Estados Unidos y otros países mediante programas militares oficiales.
Con diversos documentos y testimonios, la comisión investigadora vincula al coronel Díaz Escobar con el presidente Echeverría, y aporta evidencias de su responsabilidad en la represión a la manifestación estudiantil del 10 de junio de 1971. Describe los hechos mediante testimonios de halcones, funcionarios, estudiantes, periodistas y médicos, así como reportes policiacos y militares secretos. Citando registros policiacos y de hospitales, el informe contabiliza ese día 23 muertos y más de 200 heridos.
El capítulo que se refiere a la guerra sucia en Guerrero es brutal. El documento relata cómo el agotamiento de las vías pacíficas y la cerrazón oficial alimentaron el surgimiento de la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.
Con una minuciosidad aterradora, el informe explica los planes de contrainsurgencia del gobierno para destruir a las fuerzas insurgentes y los atropellos a los derechos humanos. La investigación lo dice crudamente: el Ejército asesinó a mansalva, bombardeó comunidades, desapareció a cientos de campesinos, en "vuelos de la muerte" arrojó vivos al mar a hombres y mujeres y castigó a pueblos enteros. De todo ello tuvieron conocimiento el presidente Echeverría y el secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.
En el capítulo de la guerra sucia en los años 70 contra los grupos guerrilleros urbanos de todo el país, la indagación oficial comprueba el uso sistemático de la tortura y la detención-desaparición de guerrilleros, familiares y conocidos. Analiza las estrategias guerrilleras y las empleadas por el gobierno para aniquilar a la Liga Comunista 23 de Septiembre y a los otros grupos armados.
Esos capítulos abordan la manera en que el Estado utilizó al Ejército mexicano para "pervertir" el orden constitucional y anular el estado de derecho: el Plan DN-II del Ejército, la adopción de la doctrina de Seguridad Nacional y la estrategia de contrainsurgencia, la militarización de la policía y la impunidad de caciques, paramilitares y funcionarios públicos para combatir a la guerrilla.
A lo largo del informe identifica a los funcionarios públicos responsables de estos crímenes.
"Que el Estado asuma su responsabilidad"
El informe confirma que el Estado actuó fuera de la ley en su combate a la disidencia política y armada: "El Estado se negó a resolver por cauces civiles y democráticos las demandas sociales" y optó "por criminalizar y reprimir a los movimientos sociales pacíficos, incurriendo en violaciones a los derechos humanos y, en el peor extremo, cometiendo crímenes de lesa humanidad.
"Como ha quedado acreditado en la investigación, un número considerable de servidores públicos cometieron violaciones a los derechos humanos", afirma la comisión investigadora. Y propone que "el Estado reconozca su responsabilidad en las desapariciones forzadas". De ello "deriva el compromiso institucional de esclarecer el paradero de los detenidos-desaparecidos como un desagravio no sólo a los familiares, sino a la sociedad en su conjunto".