Viudas y concubinas de mineros reclaman el pago

Grupo México promovió la disputa por los 55 mdd

Todas las secciones del sindicato quieren su parte

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La disputa por los 55 millones de dólares que el Grupo México entregó al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), cuyo destino investiga la Procuraduría General de la República (PGR) con el propósito de tener elementos para arrestar a Napoléon Gómez Urrutia, tiene una historia de más de 15 años de conflictos legales, pleitos de amigos, matrimonios desechos y encono de grandes secciones de obreros, entre otras causas.

En la disputa por este dinero se mezclan diversas historias, desde el hecho de que más de 400 viudas de mineros aún no reciben el pago correspondiente, debido a que lo reclaman tanto la esposa como la concubina y ambas presentaron demandas, hasta la de trabajadores que ante la falta de empleo emigraron a Estados Unidos sin saber que aquí tienen un monto que no han reclamado.

Sin embargo, la trama principal es que por estos recursos Gómez Urrutia y el principal accionista de Grupo México, Gerardo Larrea -otrora grandes amigos- han peleado a muerte en tribunales.

El contrato de compraventa que firmó el Grupo México con el gobierno federal durante la privatización de las mineras Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre, en 1989 y 1990, respectivamente, establecía que la empresa estaba obligada a pagar 5 por ciento de las acciones de ambas empresas a los trabajadores. El monto calculado de esta obligación fue de 19.5 millones de dólares que se depositarían en un fideicomiso minero.

Larrea, sin embargo, dejó pasar varios años esperando quizás que el tiempo borrara del contrato esta obligación, hasta que entraron en acción los abogados de Gómez Urrutia -pertenecientes a varios bufetes- que después de interponer numerosas demandas y amparos lograron cobrar al Grupo México 19.5 millones de dólares, más los gastos erogados en década y media: 55 millones de dólares en total, de acuerdo con el propio sindicato.

Sin embargo, una vez que se formó el fideicomiso, el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato encabezado por Gómez Urrutia, el consejo general de vigilancia y justicia, los comités ejecutivos nacionales y los consejos locales de vigilancia de las secciones 65, de Cananea; 298 y 207, de Nacozari, y la fracción 1 de la 207, de Agua Prieta, decidieron integrar un "comité técnico para cumplir con el requisito bancario de trasladar el monto a una cuenta bancaria, a nombre del sindicato", apuntó la misma organización.

La empresa se dijo engañada y respondió con una medida similar: otro engaño, ya que el entonces director de relaciones industriales del grupo, Gabino Páez, y el director general, Xavier García, como no estuvieron de acuerdo con el "traslado del dinero", informaron a los trabajadores de Industrial Minera México y Minerales Metálicos del Norte que reclamaran su parte al SNTMMSRM, cuando esta organización señala que el dinero corresponde a los trabajadores de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea, que estaban activos al momento de la privatización.

La rebatinga

La disputa por el dinero provocó una confrontación entre trabajadores de diversas secciones, al grado de que algunos emprendieron demandas legales para reclamar su parte, aun sin tener derecho alguno. Los sindicalizados de todas las secciones se preguntaban si les tocaba algo, hubo disgustos, acusaciones y señalamientos. La empresa logró su cometido, y Larrea empezó a cobrarle la cuenta de esa suma millonaria a Gómez Urrutia.

El sindicato afirma que puede comprobar la entrega de 5 mil 300 cheques a igual número de trabajadores, que recibieron un monto de 80 mil pesos, en promedio, es decir, según sus dichos, puede probar que ya pagó 421 millones de pesos aproximadamente. El resto, argumenta, está en las cuentas bancarias del sindicato y no ha podido terminar el proceso porque nunca hubo un padrón de trabajadores de las empresas privatizadas.

Son mil 200 sindicalizados quienes todavía tienen ese derecho y no lo han cobrado. De ellos, al menos 400 ya murieron y sus viudas disputan el pago con las concubinas. Otro grupo de trabajadores está formado por los despedidos de Cananea y Mexicana de Cobre en 1998, por un ajuste, los cuales emigraron y ni siquiera saben que tienen ese beneficio.

Otros mineros, con más de 15 años de antigüedad, apenas se están enterando de que tienen este derecho, y hay quienes sabiéndolo perdieron los comprobantes de su finiquito, requisito que exige el sindicato para entregar estos recursos.

Uno de estos casos es el de un trabajador -cuyo nombre se pidió mantener en reserva- que tiene meses buscando el documento entre sus papeles y está más cerca del divorcio que de encontrarlo. En otro, un minero presentó el finiquito de su compadre y supuestamente lo cobró.

El sindicato afirma que puede demostrar legalmente que ha cumplido en tiempo y forma con ese pago, el cual califica como conquista sindical que la empresa se negaba a pagar.

En tanto, la acusación contra el dirigente se basa en dos reclamos: que no debió eliminar el fideicomiso y que desvió el destino de los recursos.

Por ello, si el caso termina en la aprehensión de Gómez Urrutia, para Larrea la cuenta habrá quedado saldada.