PRI y PRD exigen respeto a los trabajadores

Critican las injerencias del gobierno en el gremio minero

La ofensiva contra Gómez Urrutia es una venganza por oponerse a la ley Abascal, advierte el Cereal

DE LA REDACCION

Reacciones encontradas generó ayer el desconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del sindicato minero. Mientras los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) cuestionaron la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la vida interna del gremio y se pronunciaron porque sean los propios trabajadores quienes decidan el relevo de sus dirigentes, en el Senado el Partido Acción Nacional (PAN) respaldó la decisión de la autoridad laboral.

Para los senadores priístas, la STPS incurrió en una actitud injerencista en asuntos que sólo competen a los trabajadores. Humberto Roque Villanueva opinó que la secretaría violó la autonomía del sindicato minero con la toma de nota que realizó a Elías Morales, hecho que ahora tiene repercusiones muy serias en la industria del ramo.

Dijo que la decisión de la dependencia que dirige Francisco Javier Salazar parece una venganza en contra de la depuesta directiva por sus señalamientos contra las autoridades federales con ocasión de la muerte de 65 trabajadores en la mina carbonífera Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila.

En tanto, el senador del PAN César Jáuregui aseguró que la destitución de Gómez Urrutia es una decisión administrativa. "Debe verse como tal y evitar los paros que afectan la productividad y, sobre todo, a las familias de los mineros."

En San Lázaro, Enrique Burgos, del PRI, afirmó que la STPS violó el principio fundamental del sindicalismo mexicano, que es su autonomía, y lamentó que esta situación se haya puesto por encima de la atención que deberían estar recibiendo las familias de los mineros fallecidos.

Armando Neyra Chávez, coordinador de los diputados del sector obrero, cuestionó que la STPS haya hecho de la muerte de los mineros un conflicto político y planteó que si Gómez Urrutia no tuviera la simpatía de sus representados, "cómo sería posible el paro de miles de trabajadores. Está muy raro que, además, en 48 horas se haya acordado la toma de nota" de la dirigencia que sustituye a Gómez Urrutia, apuntó.

Al concierto de expresiones sobre el tema se sumó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que en un comunicado señaló que es "lamentable constatar que en más de una ocasión las mismas instituciones sindicales están lejos de ser instrumentos al servicio de los trabajadores, convirtiéndose en cotos de poder de unos pocos, en detrimento de la mayoría de los agremiados".

Deploró que el reconocimiento de los derechos laborales sea un problema de difícil solución en el país. "Se realiza en el marco de procesos históricos e institucionales complejos, y todavía hoy no se puede decir cumplido, por lo que es necesario el ejercicio de una auténtica solidaridad entre los trabajadores."

Por su parte, Carlos Rodríguez, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), señaló que el desconocimiento de Gómez Urrutia es "una venganza" del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, "para cobrar" su oposición a las reformas a la llamada ley Abascal.

David Velasco, director del Centro Pro, indicó que no se trata de quitar a un dirigente charro para poner a uno blanco que sea cercano a los intereses de la parte patronal. Recordó que hace cuatro años la misma dependencia abrió el camino a Gómez Urrutia para que se proclamara al frente de ese gremio.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera, señaló que los mineros son considerados objetos y su trabajo no es apreciado. Agregó que estas explotaciones laborales "no sólo se presentan en las minas, también en las maquiladoras y en otros espacios". El prelado manifestó que los principales culpables en estas tragedias son los empresarios, aunque también la responsabilidad recae en el gobierno federal, que es quien concede las concesiones, y en los líderes sindicales, que no pelean por los derechos de sus agremiados.

El gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, dijo que a partir de lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos, el sector minero entró en una severa crisis que ya explotó, y ahora hay que buscar una salida conforme a derecho para resolver a fondo cada una de las responsabilidades de la empresa, el sindicato y las autoridades,

Sobre el paro en las minas, dijo que no es conveniente desalojar a los trabajadores, pues sólo se complicaría más el problema.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos dio su respaldo a los trabajadores mineros que decretaron un paro nacional ante las difíciles condiciones para desempeñar sus labores.

Mediante un desplegado firmado por los miembros de la agrupación, Lauro Sol, integrante de la agrupación, puntualizó: "la huelga de los trabajadores mineros es constitucional y legítima; el gobierno del presidente Vicente Fox ha validado que las empresas mineras violen la Constitución y las normas de la OIT en perjuicio de sus trabajadores".