La veta
El gobierno de Vicente Fox, a fin de distraer la atención por su responsabilidad delictiva en la muerte de los mineros de Coahuila, y queriendo aprovechar la ocasión para satisfacer las ambiciones del Grupo México, se lanzó contra el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), pero le está saliendo el tiro por la culata. Tras destituir, en una injerencia inadmisible, a los dirigentes del sindicato, los trabajadores han ido a una huelga general, que subraya otra cuestión básica para el próximo gobierno en la que hay que insistir: ¿por qué el titular del Ejecutivo federal puede impunemente cancelar los derechos de los trabajadores y cometer gravísimos delitos sin ser destituido?
1. La muerte de los 65 mineros en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas (Coahuila) será responsabilidad criminal del Grupo México -la compañía minera más grande del país- y, sobre todo, de Vicente Fox, el individuo que ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo y a quien con justicia muchos mineros han llamado con cólera, pero con justicia: "asesino".
2. Fox es el responsable directo y principal de esas muertes al menos por dos omisiones criminales, que le dan además responsabilidad constitucional directa, pero no será destituido ni enjuiciado como merece porque no hay un Poder Legislativo que frene cuando le corresponde al Ejecutivo y se atreva a destituirlo conforme al artículo 108, como Fox ha dado motivo en más de una docena de ocasiones al cometer graves delitos, sobre todo, el de traición a la patria. Y porque no existe un Poder Judicial autónomo que se atreva a procesar a estos criminales de la política ni, salvo excepciones, medios libres y democráticos que señalen con apego a la razón y a la ley lo que acontece. El Ejecutivo sigue estando por encima de la Constitución y de las leyes, y Fox es el mejor ejemplo.
3. Fox tiene una responsabilidad criminal en dos aspectos fundamentales sobre los cuales ha buscado ocultar su participación. El primero es permitir que la empresa minera haga a un lado la legislación laboral vigente en México y realice una explotación inicua de los trabajadores en minas que no cumplen con las reglas mínimas de seguridad, y sin respetar sus derechos laborales y la seguridad social establecidos desde 1917 en la Carta constitucional, lo que supone de parte de Fox y de varios de sus colaboradores, entre ellos Francisco Javier Salazar (secretario del Trabajo) una responsabilidad delictiva muy grave que ameritaría su destitución y procesamiento, pues protestó "guardar y hacer guardar" la Constitución y lejos de hacerlo la ha pisoteado. Y porque, además, el artículo 89 le impone, en su fracción primera, como su obligación principal, proveer la exacta observancia de las leyes en la esfera administrativa, lo que no ha hecho porque ha antepuesto las prácticas de la globalización neoliberal a las leyes mexicanas y los intereses de los grandes capitalistas, en este caso de Carlos Salinas de Gortari y de sus amigos, a los derechos de los trabajadores mexicanos: empezando por su derecho a la vida.
4. Y el segundo, porque debiendo actuar y acudir al rescate de los trabajadores, como era su obligación, no lo hizo: ni el domingo 19, cuando la empresa decidió un rescate en condiciones precarias por unos cuantos trabajadores ni cuando el consorcio salinista decidió suspender el salvamento el sábado 25, tras cumplir los requisitos para cobrar los seguros. Fox se sometió todo el tiempo a la empresa, acordando dejar sepultados a los mineros hasta que el gobierno y ésta estuviesen seguros de que hubieran muerto. El Código Penal Federal establece en su artículo 7º que hay un delito cuando el que teniendo conforme a la ley el deber de actuar no lo hace, y este principio se aplica a Fox, quien para muchos ya no es un "presunto", sino un evidente delincuente: un homicida.
5. Tras la explosión, los propietarios del Grupo México, sentados alegremente en sus oficinas de la capital, echaron números y decidieron, respaldados por el gobierno, no gastar más para rescatar a los 65 mineros. El rescate hubiera requerido equipo y maquinaria que no existe en el país, contratar técnicos extranjeros y erogar millones de dólares. Dejar morir a los mineros sólo requirió una indemnización de 600 mil pesos por persona.
6. La tesis de que los mineros estaban muertos desde el primer día es tan irresponsable como la que dice que ya nada se podía hacer el 25 y ni siquiera hoy, y es falsa. En un siniestro de esa magnitud la obligación de todos, en particular de las autoridades, es acudir desde el primer momento en auxilio de los siniestrados, y mantener sin descanso las tareas de rescate con la convicción de que puede haber muchos vivos: hacer hasta esfuerzos sobrehumanos porque nadie puede tener certeza de lo contrario. Y hoy nadie sabe a ciencia cierta qué aconteció y cómo están las cosas allá abajo.
7. La actitud de Fox, del "¿y yo, por qué?", que asume en todo momento, muestra que en su mente desquiciada no entiende que es el titular del Ejecutivo y que hay leyes que tiene obligación de observar y de hacer valer, que ésa es su obligación y no su facultad discrecional, pues se incurre en responsabilidad y se comete un delito cuando teniendo la obligación de actuar no se hace. Fox no se paró siquiera en San Juan Sabinas, y no oculta su irresponsabilidad, negligencia y mala fe. Ayer en Torreón, a la pregunta de un reportero de por qué no había ido, respondió majadero e imbécil: "¿y tú ya fuiste?" Y ante la afirmativa, calló y se sumió con la misma docilidad con que se ha doblegado ante Salinas y al gran capital minero.
8. La muerte de los mineros es uno de los crímenes más atroces de la historia reciente y exhibe el sistema de poder: a Fox, ya considerado un hampón y un inepto, y ahora como un asesino, y a los empresarios neoliberales, así como a los medios masivos, en especial a la televisión, que han hecho el juego a la minera y al gobierno.
9. La decisión de Los Pinos de buscar la confrontación y desconocer como líder del SNTMMSRM a su antiguo aliado Napoleón Gómez Urrutia, y empezar una campaña en los medios contra el sindicalismo, buscando darle el golpe definitivo, que a) ayude a la reconversión neoliberal de las relaciones de trabajo y b) permita distraer la atención con los paros que estallaron, no soslaya la responsabilidad criminal de Fox y de los empresarios del Grupo México.
10. Las secuelas de la explosión son muchas; una será que los trabajadores que no pueden continuar siendo expoliados como se ha hecho en el deplorable sexenio neoliberal foxista: están emergiendo como un factor político.