Medida de seguridad encarece llamadas de reos
La identificación de llamadas telefónicas provenientes de los centros de readaptación social ha encarecido, en el caso de los presos de origen extranjero, la garantía que todo recluso posee para comunicarse al exterior.
Es un incremento, "excesivo y prácticamente imposible de costear", denuncia una de las afectadas, ya que con dicha medida los extranjeros que cumplen una sentencia o enfrentan un proceso judicial en la ciudad de México se ven imposibilitados de utilizar tarjetas telefónicas internacionales de prepago y en caso de querer ejercer su derecho deben pagar tarifas que van de 10 a 25 pesos el minuto, cuando antes una tarjeta de pago previo les permitía mantener conversaciones de más de media hora por cantidades que no rebasaban los 100 pesos.
El 29 de noviembre del año pasado, autoridades tanto federales como locales firmaron el convenio para la Seguridad y Control de las Comunicaciones Telefónicas en Centros Penitenciarios, que, además de disponer el bloqueo de señales de telefonía celular -que a la fecha únicamente funciona en el Reclusorio Norte-, puso en marcha un sistema para etiquetar las llamadas provenientes de las casetas telefónicas ubicadas en el interior de los reclusorios. La finalidad es erradicar las llamadas de extorsión que realizan algunos presos.
Queja de internas
A principios de enero, alrededor de 14 internas del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, entre ellas María Asunción Gorrochategui, ciudadana de origen vasco que fue aprehendida en junio de 2003 acusada de ser integrante de la ETA, le enviaron una carta al director general de Prevención y Readaptación Social del gobierno capitalino, Antonio Hazael Ruiz Ortega, en la cual le explican que se ven imposibilitadas de utilizar las tarjetas de prepago, ya que para hacerlas efectivas tienen que comunicarse primero a un conmutador, el cual evidentemente no tiene la capacidad de decidir si acepta o no una llamada originada desde un centro de reclusión.
"No estamos en contra de la medida; es más, nos parece correcta. Lo único que queremos es que nos den alguna otra alternativa. Hace un mes que hicimos una petición y a la fecha ni siquiera nos han contestado", denuncia "N", quien en octubre próximo va a cumplir ocho años en prisión.
"N" argumenta que antes de que entrara en vigor el convenio, una tarjeta de la marca Andina, por la cual pagaba 100 pesos, le permitía hablar más de 40 minutos a su país, y ahora para conversar el mismo tiempo tendría que desembolsar más de 800 pesos.
"En los hechos se ha provocado la incomunicación con nuestras familias, ya que éste es el único medio que tenemos para contactarnos con las personas cercanas a nosotras; queremos aclarar que no estamos en contra de las medidas de seguridad que se tomaron; en lo que estamos en desacuerdo es que el sistema no sea funcional y nos mantenga en un estado de incomunicación", señala la misiva, que aún no ha sido respondida por Hazael Ruiz.