Número 116 | Jueves 2 de marzo de 2006
Director fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Directora general: CARMEN LIRA SAADE
Director: Alejandro Brito Lemus

Católicas por el Derecho a Decidir
¿Y la justicia para las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua... cuándo?

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es necesario recuperar el sentido histórico de esta celebración, recordar que se instituyó para conmemorar la lucha de las mujeres por sus reivindicaciones fundamentales, pero sobre todo habrá que recuperarlo en su sentido ético. (1)
En nuestro país se extiende un fenómeno cultural que atenta contra un derecho humano básico: el derecho a la vida de las mujeres. Éste mostró sus primeras facetas en Ciudad Juárez;posteriormente se extendió a Chihuahua, un tiempo se mantuvo ahí, auto controlado, fortaleciéndose, probando su efectividad, probando su capacidad de reproducción, disfrutando de la impunidad, ensayando escenarios donde salía triunfante, para después, ante la permisibilidad e ineficacia de las instituciones que debieran procurar justicia, extenderse a buena parte del territorio nacional.

Este fenómeno cultural es el feminicidio, que asesina a las mujeres, y también integra deficientes averiguaciones previas; pervierte las evidencias; no interroga a testigos; no hace peritajes; fabrica culpables; exonera a funcionarios que integraron mal las averiguaciones; obliga a las familias a firmar “compromisos” para no pedir justicia a cambio de dádivas; intenta esconder el fenómeno en un tipo penal específico -el asesinato serial. Todo ello mientras informan a la sociedad que todo es un mito; y a los organismos internacionales se les asegura que ya cumplieron con las recomendaciones.

Al final de este síndrome, el resultado es el mismo: el feminicidio sigue y se extiende por el territorio nacional. El solo hecho de que hubiera un caso de una mujer asesinada en estas circunstancias debiera ser suficiente motivo de indignación nacional. En cambio, desde la Procuraduría General de la República se establecen justificaciones a su ineficacia diciendo que “en otros estados hay más asesinatos que en Ciudad Juárez”. Con lo que además se pretende vejar a las víctimas y sus familias restando importancia a sus casos.

Parece mentira que en un país que se precie de ser democrático siga habiendo tales abusos de poder y tales intentos de manipular los hechos para hacer creer a las ciudadanas y ciudadanos que se está procurando justicia ante estos crímenes de odio. Porque ahora se arguye que sólo son trescientas setenta y pico y que la mayoría fueron asesinadas como consecuencia de actos de violencia intrafamiliar.

Siempre hemos aceptado que el origen de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua es multicausal, pero no podemos aceptar que se pretenda minimizar la importancia de este caso paradigmático, mezcla de todas las violencias y de la ineficacia de las instituciones encargadas de procurar justicia.

Tampoco podemos aceptar los maltratos y las amenazas que ha sufrido la compañera periodista Lydia Cacho por parte de sus detractores. En este sentido nos unimos a la demanda de renuncia del gobernador de Puebla y a que se haga justicia en este caso indignante para la sociedad mexicana. Estábamos soñando quienes pensábamos que tal misoginia y tales manifestaciones de violencia contra las mujeres y de manipulación de los organismos de justicia, sumada al tráfico de influencias, estaban erradicadas de nuestro sistema político. Qué equivocadas estábamos.
Menos mal que este tipo de expresiones producen sentimientos de indignación y rechazo de parte de los más diversos sectores de la sociedad. Las organizaciones que trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que las expresiones de odio hacia las mujeres por el sólo hecho de serlo o de reclamar autonomía sean, cada vez más, motivo de condena nacional.

Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, invitamos a las personas de buena voluntad, a quienes creen en la justicia y la democracia, a que defendamos el estado de derecho; a que reivindiquemos nuestro derecho a una vida digna y segura y a recuperar las calles, a caminar como y cuando nos plazca, a la libre expresión de nuestras opiniones y a exigir el respeto a nuestra integridad y a nuestros derechos, sin que ello nos haga susceptibles de ser agredidas o violentadas; a que construyamos un país en donde nuestras hijas crezcan con la certidumbre de una vida futura.
Exigimos al Estado que cumpla con su función primera: garantizar la vida e integridad física de sus ciudadanas, en cumplimiento del artículo 1° Constitucional y de los compromisos adquiridos por México en la CEDAW (2) y en la Convención de Belém do Pará.

Toda nuestra solidaridad para Lydia Cacho. Exigimos el esclarecimiento total de su caso.

1 Nos referimos al espíritu que animó a Clara Zetkin, Kathy Duncker y sus contemporáneas a pronunciarse por la vida, los derechos y la seguridad de las mujeres. Clara Zetkin y Kathy Duncker fueron de las socialistas europeas que, en los albores del siglo pasado, propusieron instaurar un día en homenaje a las mujeres obreras que habían dado su vida para exigir mejores condiciones laborales.
2 En la CEDAW, Belém do Pará, la Conferencia de Viena, la Conferencia del Cairo y la Declaración y Plataforma de Beijing se estableció que la mujer tiene derecho a: una vida digna; a la libertad y seguridad en su persona; a tener derecho a la protección igual bajo la ley; el derecho a no someterse a la tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante; el derecho al nivel más alcanzable de bienestar físico y mental; el derecho a la igualdad; el derecho a ser libre de todas las formas de discriminación, entre otras.