El subsuelo no aguanta más
El agua para riego agrícola es el agua olvidada. Existe mucho mayor preocupación por el suministro a las poblaciones y por el uso doméstico, y se olvida que tres de cada cuatro litros de agua que se consumen en México se emplean en la agricultura. Por esto resultaría insuficiente emprender acciones encaminadas a evitar la privatización de las empresas públicas de agua potable y racionalizar el consumo urbano si no se ponen en marcha al mismo tiempo políticas y acciones que transformen el uso agrícola del recurso. Esto queda muy claro luego de leer los estupendos reportajes de Angélica Enciso y Laura Poy Solano publicados en La Jornada.
La conducción por canales de tierra es, ciertamente, un grave problema que entraña la pérdida, por absorción o evaporación, de 40 por ciento del líquido conducido. Pero la solución no es fácil. En el Distrito de Riego 05 de Chihuahua se ha implementado un programa con financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte (el banco del TLCAN) para la tecnificación del riego, aunque el objetivo verdadero es que a los estadunidenses les podamos pagar el agua que les debemos a través del Río Conchos.
Con este programa se han revestido de concreto cientos de kilómetros de canales y acequias. Se evitan así absorción y operación, pero, una gran parte de la vegetación, de los pequeños ecosistemas que se desarrollaban gracias a la humedad de los canales, están muriendo, entre ellas las cortinas rompevientos, las alamedas y los sauzales que mitigan un poco el calor y las tolvaneras de estos desiertos. Además, aunque se revistan canales primarios y secundarios, la mayoría de los agricultores no dispone de recursos para tecnificar el riego de su terreno y por eso siguen "lavando la tierra".
El panorama del riego por bombeo presenta tres grandes áreas problemáticas: el agotamiento y sobrexplotación de mantos es la primera. Varios estados de México tienen un subsuelo como queso gruyer. En primer lugar está Guanajuato, el estado donde tienen sus explotaciones Fox y Usabiaga, con cerca de 20 mil pozos agrícolas. En segundo lugar, Chihuahua con más de 11 mil. Hay un problema de sobreconcesión: el número de títulos otorgados por Conagua es muy inferior al de los pozos realmente existentes. Los acuíferos ya no aguantan más: en Chihuahua hay por lo menos dos mantos cuyo agotamiento ya es irreversible. Y el gobierno federal no tiene suficientes recursos siquiera para realizar los estudios técnicos que permitan determinar con exactitud la capacidad de los acuíferos y si están o no unos comunicados con otros.
En segundo lugar están los sistemas muy ineficientes de bombeo y riego que conducen al dispendio del agua y de la energía. Ha habido un programa federal para eficientar ambas mediante la reconversión de los equipos, pero lo han acaparado los grandes agricultores. Son los únicos que, de entrada, pueden realizar el 100% de la inversión requerida para que luego por medio del programa Alianza para el Campo se les reintegre hasta 40 por ciento.
En tercer lugar, existe un marco normativo obsoleto, que parte de concepciones inadecuadas. Se sigue manejando el concepto de "zonas de libre alumbramiento", que permite a cualquier persona la perforación y explotación de pozos sin permiso previo, sólo notificando a las autoridades correspondientes. Este hecho, esta concepción manifiestan que todavía estamos abrevando de una concepción liberal decimonónica e individualista ante el agua, y no del concepto de bien público. Vale lo mismo cuando se trata del acaparamiento de pozos: hay productores que cuentan con más pozos para sus negocios personales que poblaciones de mediano tamaño para el suministro de agua potable. Puede ser que ya no haya latifundistas, pero sigue habiendo poderosos "latihidristas". Es necesario combatir la privatización de los sistemas de agua potable, pero ¿qué actitud tomar ante la privatización y el monopolio de facto del agua para riego?
Ante todo esto las políticas públicas siguen siendo muy rabonas. Y más el presupuesto federal: el botón de muestra es el de este año: cuando en 2005 se destinaron 4 mil 842 millones al rubro de infraestructura hidroagrícola, un manejo electorero y partidista del presupuesto por parte del Ejecutivo y del PRI hizo que para 2006 se redujeran a sólo 2 mil 637 millones, 46 por ciento menos. A este ritmo, cuando ya esté totalmente tecnificada y racionalizada la infraestructura, ya no habrá agua que extraer.
La agenda del agua es crucial no sólo para el cuarto Foro Mundial del Agua a celebrarse en los próximos días en nuestro país. Es uno de los puntos más críticos de definición para las campañas electorales de este año y para la definición de las opciones fundamentales de gobierno para los próximos años.