Usted está aquí: martes 21 de febrero de 2006 Política Denuncia el PRD ante la PGR a Marín y Nacif

Incluye a la procuradora Villeda y a la juez Celia Pérez

Denuncia el PRD ante la PGR a Marín y Nacif

ALFREDO MENDEZ

El caso Lydia Cacho y la presunta confabulación de servidores públicos del estado de Puebla, entre ellos el gobernador priísta de esa entidad, Mario Marín Torres, con el empresario textilero Kamel Nacif para perjudicar a la periodista, se encuentra desde ayer en la Procuraduría General de la República (PGR).

Los diputados federales perredistas Beatriz Mojica Morga e Inti Muñoz Santini presentaron denuncia de hechos contra el gobernador poblano; la procuradora de esa entidad, Blanca Laura Villeda; la juez quinta de lo penal, Rosa Celia Pérez, y contra el empresario textilero, presuntamente relacionado con actividades de pederastia.

A los inculpados se les imputan los delitos de cohecho, ejercicio indebido del servicio público, colusión de servidores públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias y los que resulten.

Como prueba, los legisladores presentaron las grabaciones de las llamadas telefónicas entre el llamado rey de la mezclilla y el gobernador poblano -difundidas por La Jornada el pasado 15 de febrero-, en las que se evidenció que Kamel Nacif se valió del apoyo del titular del Ejecutivo estatal para lograr la detención de Lydia Cacho.

En las grabaciones se demostró además que Nacif es uno de los patrocinadores desde México de la defensa legal de Jean Succar Kuri, a quien la PGR investiga desde 2004 por ser uno de los líderes de una banda dedicada a la pornografía infantil en varios países.

En una especie de venganza por la publicación del libro Los demonios del edén, en el que se revelan declaraciones ministeriales que señalan a Kamel Nacif como presunto pederasta, el empresario textilero denunció penalmente a Lydia Cacho -a quien acusó de calumnia y difamación- y recurrió a su ''amigo'', el gobernador poblano, para asegurar la aprehensión de la escritora, en diciembre pasado.

Entrevistada antes de que presentara la querella en la oficialía de partes de la PGR, la diputada Mojica Morga indicó: ''Dado que la semana pasada la Cámara de Diputados exhortó a las autoridades del gobierno de Puebla a que abrieran investigaciones (por las presuntas violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de Lydia Cacho), y hasta el día de hoy no se ha abierto ninguna indagatoria, y dado que se presumen delitos federales, vamos a interponer una demanda penal por esos hechos, y también estamos pidiendo que se investigue la veracidad de las grabaciones''.

Aunque admitió que las grabaciones por sí mismas no son pruebas plenas para demostrar la culpabilidad de los acusados, dijo que con la denuncia el Ministerio Público de la Federación está obligado a recabar mayores elementos inculpatorios y a citar a los presuntos responsables, como parte de la averiguación previa que se iniciará en los próximos días. Indicó que el siguiente paso será pedir al titular de la PGR, Daniel Cabeza de Vaca Hernández, que el caso sea turnado a la nueva fiscalía para investigar delitos contra periodistas.

Explicó que la PGR deberá realizar las pruebas periciales necesarias para determinar si una de las voces de las grabaciones es del gobernador Mario Marín, además de que deberá investigar quién o quiénes son los responsables de la intervención ilegal de las llamadas telefónicas.

-¿No se corre el riesgo, como ha ocurrido en otros casos, que la PGR se declare incompetente y turne el caso a la Procuraduría de Puebla?

-De ninguna manera, aquí hay delitos federales que están tipificados en el Código Penal Federal, por eso es que los estamos trayendo a la PGR, y confiamos en que la autoridad federal va a hacer esta investigación.

A su vez, Inti Muñoz refirió que el juicio político que el diputado Pablo Gómez propuso iniciar la semana pasada contra el gobernador Mario Marín continuará su curso en San Lázaro, independientemente de las investigaciones que realice la PGR. Precisó que la querella presentada ayer ''se da en el marco de una serie de acciones que se están llevando a cabo para evitar que en el caso Lydia Cacho persista la impunidad''.

 
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