Editorial
Inseguridad: claudicación y mentiras del gobierno
En la lógica peculiar que ha caracterizado a su gobierno, el presidente Vicente Fox justificó ayer el incremento exasperante de la inseguridad y la delincuencia, uno de los más graves e irritantes fracasos del sexenio en curso, que no ha tenido pocos. El mandatario saliente aseguró que el crecimiento de la violencia delictiva es resultado de las acciones de su administración para combatir la delincuencia organizada, y atribuyó el aumento en el consumo de drogas en territorio nacional a una supuesta mejora en el poder adquisitivo de los mexicanos y al "éxito" de las fuerzas de seguridad en la vigilancia de la frontera con Estados Unidos. Adicionalmente agradeció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ratificara las facultades discrecionales del Ejecutivo federal para conceder extradiciones, y ofreció que en breve entregará al país vecino a los delincuentes requeridos "para que enfrenten la justicia de Estados Unidos y dejen de operar aquí".
Al margen de las extrañas cadenas causales establecidas por el mandatario, las cuales permitirían ver el baño de sangre que viven diversas regiones del país como resultado de logros gubernamentales, el discurso foxista equivale a una claudicación en la obligación gubernamental de garantizar la seguridad de la ciudadanía y la procuración de justicia. Los infractores que han delinquido en territorio nacional deben ser juzgados, por un mínimo respeto a la vigencia de las leyes y a la soberanía, aquí mismo. Sin ningún afán de abogar por la impunidad para los presuntos narcotraficantes, salta a la vista la improcedencia de lavarse las manos, renunciar a llevarlos ante jueces nacionales y asegurar que purguen en cárceles mexicanas las penas que pudieran corresponderles.
Es justo señalar que este espíritu de claudicación no es único del titular del Ejecutivo federal. Por el contrario, parece haber cundido entre gobernadores que se declaran incapaces de perseguir y enfrentar con éxito la delincuencia organizada y entre procuradurías, como la del estado de México y la General de la República, ninguna de las cuales quería hacerse cargo de la investigación del atentado sufrido por Luis Fernando Mendoza Castellanos, director de seguridad del penal de La Palma. Tras resistir con éxito en la franja fronteriza norte los montajes publicitarios denominados "México Seguro", el narco ha sentado sus reales en las costas de Michoacán y Guerrero Lázaro Cárdenas, Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco, sin que autoridades estatales y federales hayan ofrecido hasta ahora indicio serio de voluntad para combatirlo.
La Agencia Federal de Investigación (AFI), por su parte, da muestra de estar más interesada en su imagen pública que en perseguir la delincuencia. La práctica de efectuar montajes televisivos con supuestos rescates de rehenes y captura de secuestradores lejos de elevar la credibilidad de la institución policial resulta degradante para las autoridades y los medios informativos que la acompañan (y patrocinan, al parecer) e insulta a una opinión pública que ha sido deliberadamente engañada por ese singular maridaje de intereses de legitimación gubernamental especialmente en coyunturas en que al foxismo le resultó conveniente desviar la atención de otros sucesos y de incremento del rating, es decir, de ganancias. Por supuesto, tan inverosímil como los falsos operativos es la justificación de que fueron urdidos entre reporteros y mandos menores; es evidente, en cambio, que fueron resultado de una negociación entre altos funcionarios y ejecutivos de primer nivel de las empresas televisivas.
Con esas consideraciones en mente resulta inevitable concluir que Fox se quedó corto al caracterizar la ofensiva de la delincuencia como "hueso duro de roer"; más que eso, el acoso de la criminalidad ha llevado al gobierno a posiciones de abdicación de obligaciones insoslayables y hasta de fuga y desbandada: la Presidencia pretende exculparse, pasa la papa caliente al Legislativo y pretende transferir sus responsabilidades insoslayables a la justicia estadunidense; los poderes estatales se declaran en la indefensión y endosan el problema a las autoridades federales, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, sugiere que algunos de los internos del penal de La Palma el de máxima seguridad del país son demasiado peligrosos para permanecer allí.
Impreparadas, infiltradas y débiles para hacer frente a los sicarios y los dineros del narcotráfico en la presente circunstancia, las fuerzas de seguridad deberán enfrentar en un futuro muy próximo una ola de violencia mucho peor que la actual, si el gobierno cumple su propósito de extraditar a Estados Unidos a los delincuentes requeridos por la justicia de ese país. A estas alturas, es de suponer que el grupo gobernante no está enterado de lo que ocurrió en Colombia cuando los capos de la droga empezaron a ser entregados a la potencia del norte y que no ha podido medir, en consecuencia, los posibles impactos de las extradiciones. No está de más recordar, en todo caso, que en esa nación sudamericana los cárteles pasaron de las vendetas y ejecuciones a la colocación de bombas y la voladura de cuarteles policiales.
Desde luego, el combate a las organizaciones criminales es obligación irrenunciable de las fuerzas del Estado, pero antes de asumirla deben cumplir una tarea previa: prepararse para llevarla a cabo con éxito. Todo hace pensar que las corporaciones policiales y de seguridad pública del país acaso han adquirido habilidades para participar en espectáculos televisivos, pero no están listas para lo que puede venir. Es difícil imaginar una muestra más grave y exasperante que ésta de irresponsabilidad, ligereza e imprevisión en el ejercicio del gobierno.