Usted está aquí: domingo 12 de febrero de 2006 Política GDF: si amparan narcos, por qué no al Sheraton

GDF: si amparan narcos, por qué no al Sheraton

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, manifestó que no le extraña la suspensión provisional que concedió un juez federal al hotel María Isabel Sheraton para impedir la posible clausura del establecimiento por faltas administrativas.

Recurrir a la protección de la justicia, definió, es un derecho que tienen todas las personas físicas y morales, y añadió en tono irónico: ''se otorga a giros negros, se otorga a narcotraficantes, se otorga a gente que construye obras sin licencia. No nos extraña que se le haya otorgado el amparo" al hotel.

La autoridad judicial, consideró, debe explicar cómo es que primero se publicó en los estrados y en la página de Internet del Poder Judicial de la Federación la negativa del amparo y posteriormente se cambió esa decisión por la admisión del recurso.

Al defender las acciones emprendidas por la jefa delegacional en la Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo Flores, el mandatario capitalino dijo que el hecho de que el Sheraton haya obtenido una suspensión contra actos administrativos no significa que el proceso se suspenda ni mucho menos exime al hotel de la obligación de subsanar las anomalías.

Aun cuando se negó a iniciar una polémica por las declaraciones de los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, y de Turismo, Rodolfo Elizondo, quienes consideraron un exceso la determinación de la delegación Cuauhtémoc de iniciar el procedimiento de clausura contra el hotel, Encinas Rodríguez destacó la ''falta de comprensión del problema'' por las autoridades federales: ''no es un asunto de consumidores; es un asunto de vigencia de la ley en nuestro país''.

Por ello, pidió no desviar la atención del asunto: la discriminación contra un grupo de ciudadanos de nacionalidad cubana por la aplicación extraterritorial de una ley de Estados Unidos.

El gobernante señaló que espera que al término de los 15 días que la cancillería dio a la administración del hotel para que dé una explicación de este hecho, se tome por fin una posición oficial, "que tengamos claridad de cuál es la posición del gobierno federal".

 
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